El Diputado por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Riquelme Ducci, el día de hoy ha
presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, solicitando una
investigación exhaustiva por eventuales hechos de extrema gravedad ocurridos al interior del
Gobierno Regional de Magallanes.
Los antecedentes recopilados dan cuenta de posibles irregularidades en procesos de
contratación pública que involucraría la entrega de varios contratos a una empresa con vínculos
familiares directos con un alto funcionario del propio Gobierno Regional.
Durante los años 2023 y 2024, la administración regional llevó adelante distintos procesos de
adquisición relacionados con proyectos en Puerto Edén, particularmente para la compra de
madera destinada a obras públicas como pasarelas y plazas de juegos infantiles. En estos
procesos, la empresa Forestal Los Robles Limitada resultó beneficiada tanto en una licitación
pública como posteriormente en una contratación directa.
Al respecto, el legislador señaló: «Estamos frente a hechos de la máxima gravedad, donde
recursos públicos podrían haber sido asignados en un contexto que vulnera principios básicos
de transparencia y probidad».
Lo que agrava aún más la situación es que el funcionario asesor jurídico de alta jerarquía del
Gobierno Regional participó de manera directa y reiterada en todas las etapas relevantes del
proceso, desde la aprobación y modificación de las bases de licitación, pasando por la
adjudicación, hasta la ampliación de los contratos y la validación de una contratación directa
posterior.
La denuncia deja al descubierto que no se trata de una intervención menor o incidental, sino de
una participación constante en decisiones clave que definieron el destino de recursos públicos.
A esto se suma un elemento especialmente delicado: los antecedentes revelan la existencia de
vínculos familiares directos entre este funcionario y los socios de la empresa adjudicataria.
En términos simples, quien debía velar por la legalidad del proceso se encontraba ligado
familiarmente con quienes resultaron beneficiados.
Sobre este punto, el parlamentario afirmó: «Aquí no estamos frente a un error administrativo,
sino ante una situación donde quien debía garantizar la transparencia del proceso, estaba
vinculado con quienes se adjudicaron contratos millonarios». Esta situación no solo pone en
duda la imparcialidad de las decisiones adoptadas, sino que abre la puerta a posibles ventajas
indebidas, quizás además acceso privilegiado a información y un debilitamiento profundo de la
confianza pública en el uso de los recursos que maneja el Gobierno Regional.
Por ello, Riquelme Ducci enfatizó que «cuando el Gobierno Regional usa su presupuesto para
favorecer en forma reiterada a familiares, deja de ser imparcial y rompe la confianza pública y
se debilita la democracia».
La gravedad de los hechos se profundiza al constatar que posteriormente se aprobó una
contratación directa con la misma empresa, sin fundamentos suficientemente acreditados.
Irregularidades fuera de control en la administración Flies
Estos hechos no ocurren de manera aislada, sino que se insertan en un contexto más amplio
de cuestionamientos que incluyen informes de Contraloría por ilegalidades en la compra de la
casa de un juez y posterior compra de una consulta de la cónyuge del Gobernador, auditorías
con más de 60 mil millones de pesos sin respaldo y el bullado «caso fundaciones» dónde al
Gobernador se le incautó el computador y celulares por parte del PDI.
El legislador advirtió que estas irregularidades formarían parte de un patrón preocupante que
evidencia una crisis en la gestión de los recursos públicos. Además, destaca un antecedente
que conecta estos hechos con denuncias recientes: los procesos de contratación de Puerto
Edén corresponden a los mismos que derivaron en la renuncia del Jefe de división del Gore
Ricardo Foretich tras acusaciones de falsificación de firmas y denuncias a fiscalía.
Alejandro Riquelme Ducci sostuvo que “lo que estamos viendo no es un hecho puntual, sino
una crisis institucional profunda que exige acciones inmediatas y firmes».
Finalmente, se ha solicitado formalmente una investigación completa por parte de la
Contraloría, la revisión de todos los actos administrativos, determinación de eventuales
responsabilidades y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.