Las nuevas indicaciones al proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente buscan
endurecer las sanciones para delitos graves y casos de reincidencia. Consuelo
Murillo, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello,
advierte que una de las medidas podría abrir un nuevo debate ante el Tribunal
Constitucional.
El proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente continúa su
tramitación en el Congreso y avanza con una serie de indicaciones orientadas a
fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos de especial gravedad y casos
de reincidencia. Entre las propuestas se encuentra una modificación al régimen de
cumplimiento de las sanciones que podría generar un nuevo debate constitucional.
La iniciativa busca que los adolescentes condenados cumplan al menos una parte
de su sanción privados de libertad antes de poder acceder a la libertad asistida
especial. Es precisamente este punto el que genera reparos en Consuelo Murillo,
académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
La especialista advierte que existe un antecedente similar en la denominada Ley
Emilia y anticipa que la nueva disposición podría enfrentar cuestionamientos
constitucionales.
“Una cosa similar se intentó hacer con la Ley Emilia, y posteriormente el Tribunal
Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones que se trata de una norma
inconstitucional”, señala Murillo.
A juicio de la académica, el punto de conflicto se produce cuando el legislador
establece que una persona que podría acceder a una pena sustitutiva deba, de
todos modos, cumplir previamente un período de privación de libertad.
“Cuando tú tienes la posibilidad de aplicar una pena sustitutiva, pero el legislador
obliga a que la persona condenada, en el caso de la Ley Emilia todos los
condenados, en el caso de los adolescentes solo los adolescentes, que antes de
poder aplicar la pena sustitutiva estén obligados a pasar un tiempo privado de
libertad”, explica.
Para Murillo, el antecedente de la Ley Emilia permite anticipar que la discusión
podría repetirse ahora en el ámbito de la justicia penal adolescente. “Es algo que,
como reitero, en la Ley Emilia se intentó hacer y en definitiva se consideró que se
trataba de una disposición inconstitucional, entonces seguramente nos vamos a
encontrar con un debate similar para esta nueva disposición que se está
proponiendo”, sostiene.
Endurecimiento de las sanciones
Las observaciones de la académica se dan en medio de una discusión legislativa
que busca aumentar el cumplimiento efectivo de las sanciones para adolescentes
condenados por delitos graves y en situaciones de reincidencia. El Senado aprobó
en general el proyecto en julio y la iniciativa continúa siendo analizada en el
Congreso.
Las nuevas indicaciones también han generado cuestionamientos de especialistas y
organizaciones vinculadas a infancia, particularmente por las restricciones a la
libertad asistida especial y el énfasis puesto en el endurecimiento de las condenas.
En paralelo, durante la discusión legislativa fue descartada la posibilidad de aplicar
el régimen penal de adultos a adolescentes de 16 y 17 años. La decisión fue
informada en el marco del avance del proyecto en la Comisión de Constitución del
Senado.
Así, mientras el proyecto mantiene un sistema diferenciado para adolescentes, la
discusión se concentra ahora en cuánto puede endurecerse el cumplimiento de las
sanciones y cuáles son los límites constitucionales de esas modificaciones.
Para Murillo, uno de esos límites podría terminar siendo definido nuevamente en
sede constitucional. La eventual obligación de cumplir un período de privación de
libertad antes de acceder a una pena sustitutiva aparece, de este modo, como uno
de los puntos jurídicos más sensibles de la reforma.