El Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Magallanes
definió las prioridades que orientarán la acción coordinada de las instituciones del
Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito en la región. La
sesión fue presidida por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y contó
con la participación del seremi de Seguridad Pública, Ronald López, en su rol de
secretario ejecutivo.
Tras un proceso de análisis y votación sustentado en el Diagnóstico Regional de
Seguridad Pública, los integrantes del Consejo acordaron priorizar el tráfico y
microtráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, y las violaciones y delitos
sexuales. La decisión consideró el impacto de estos ilícitos en la seguridad de las
personas, su incidencia en la percepción ciudadana y la necesidad de fortalecer la
coordinación interinstitucional para su prevención y persecución.
Asimismo, el Consejo acordó priorizar el consumo de alcohol y drogas en la vía
pública como la principal incivilidad de la zona, debido a sus efectos sobre la
convivencia y el uso de los espacios públicos. A ello se suman la violencia escolar
como fenómeno regional y el abordaje del abigeato como prioridad para las
comunas rurales, considerando las características territoriales de la región.
Las prioridades acordadas constituirán la hoja de ruta para la acción coordinada
de las instituciones que integran el Sistema Regional de Seguridad Pública,
orientando la elaboración del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan
Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural. Con ello, se busca
focalizar los esfuerzos del Estado en las problemáticas que más afectan a la
región, fortaleciendo la prevención del delito y la capacidad de respuesta frente a
la criminalidad.
La delegada presidencial regional, Ericka Farías, manifestó que “nos reunimos
como Consejo de Seguridad Pública y de Prevención del Delito para votar la
priorización de delitos, incivilidades y el fenómeno regional. El delito más
recurrente y que ganó por amplia mayoría es el tráfico de drogas, que es una
preocupación para nuestra región, seguido del microtráfico, los delitos sexuales y
la violencia intrafamiliar. Ahora, a partir de esta priorización, debemos definir el eje
que vamos a plantear para iniciar el trabajo que hemos anunciado en el plan
estratégico regional, el cual comenzará en el mes de julio”.
Por su parte, el seremi López detalló el proceso que se inicia tras el Consejo:
“Esta es una metodología que se desprende desde el Ministerio de Seguridad
Pública hacia las regiones. Como región hemos dado el paso de determinar, a
través de este Consejo, cuáles son los acentos que vamos a poner en materia de
delitos e incivilidades, así como los fenómenos delictuales que están aquejando a
la zona. Se toman estos delitos y se comienzan a desarrollar las líneas de acción
que estarán incluidas en el plan de seguridad regional. En estas líneas de acción,
cada una de las instituciones participantes se compromete con tareas que serán
ejecutadas desde julio de 2026 a julio de 2027, con su respectiva evaluación sobre
cómo estamos impactando, si estamos logrando el objetivo trazado y si estamos
llegando a la comunidad que queremos blindar”.
El jefe de la región policial de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez, indicó
que “la priorización es la misma que tenemos nosotros como Policía de
Investigaciones. El tráfico ilícito de drogas en sus distintas formas sabemos que
está asociado directamente al crimen organizado. Además, estos fenómenos
posteriormente derivan en otro tipo de violencia, como el uso de armas de fuego.
Nosotros lo tenemos como la prioridad número uno a nivel nacional y regional.
Asimismo, hay otros delitos que afectan demasía a la población: se trató el tema
de la violencia intrafamiliar, investigada por la PDI en base a instrucciones
ordenadas por el Ministerio Público, y también otros delitos a nivel rural, como el
abigeato”.
Finalmente, la fiscal regional (s), Johanna Irribarra, enfatizó que estas sesiones
tienen como objetivo que “todos los estamentos del Estado que estamos a cargo
de la seguridad y de combatir los delitos podamos trabajar de forma
mancomunada y en conjunto, para tener un plan de trabajo enfocado directamente
en la seguridad de la ciudadanía”.
Las otras instituciones que participaron en el Consejo Regional de Seguridad
Pública y Prevención del Delito fueron: el Gobierno Regional, Carabineros,
Gendarmería, los seremis de Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos,
Vivienda, Educación, Mujer y Equidad de Género, Hacienda, y un representante
del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.