El Pleno de la Comisión Experta recibió en audiencia al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para conocer su opinión sobre los aspectos que, siendo de competencia del Poder Judicial, se debieran considerar en la nueva propuesta constitucional.
Desde el máximo tribunal propusieron la creación de un órgano autónomo, de carácter nacional que se encargue del gobierno judicial, es decir, separarlo de la función jurisdiccional. Las atribuciones de este órgano serían la carrera funcionaria y evaluación del desempeño, el control disciplinario, la administración del presupuesto y la formación y capacitación de los jueces.
El ministro de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos, puntualizó que para que este órgano no sea uno politizado -según recomendaciones internacionales- debe estar «constituido mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares y que los miembros que representan a los otros órganos por el Estado sean designados por éstos, pero entre personas que tengan la idoneidad suficiente como para que no haya interferencia política».
Lo anterior, señaló Llanos, «teniendo en especial consideración que donde ha habido malos resultados en la implementación de estos órganos de gobierno autónomo, (que) ha sido precisamente cuando han sido cooptados por los otros poderes del Estado y los jueces han tenido un rol inferior en su composición e integración».