Durante el mes de marzo, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, las Secretarías
Regionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género están desarrollando una serie de
grupos focales en todo el país. Esta iniciativa busca conocer sus opiniones respecto de la Ley
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, identificar áreas de
mejora y fortalecer la aplicación de esta normativa en los servicios públicos.
En Magallanes, la jornada se llevó a cabo este miércoles y contó con la participación de
representantes de distintos ministerios, servicios y policías vinculados a la prevención, atención y
protección de víctimas de violencia de género. Durante la sesión, se analizaron fortalezas,
dificultades y oportunidades en la implementación de la ley que fue aprobada en 2024 tras siete
años de tramitación- y busca establecer un marco normativo integral para la prevención y sanción
de la violencia contra las mujeres.
La SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, destacó la importancia de
esta instancia: «Este diagnóstico nos permite conocer si a los servicios públicos le ha
correspondido aplicar la Ley 21.675, identificando fortalezas y desafíos para su implementación.
Sabemos que su correcta aplicación es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la
protección de las mujeres en situación de violencia. Desde la SEREMI seguiremos impulsando
estrategias para fortalecer la formación del funcionariado y asegurar que esta ley se implemente
de manera efectiva en nuestra región».
Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, enfatizó el impacto de
esta ley en el trabajo del servicio: «Gracias a esta Ley Integral, en SernamEG podremos ampliar
nuestro alcance en la representación de víctimas de violencia de género, lo que nos permitirá
patrocinar más causas y fortalecer el acceso a la justicia. En nuestra región, esto significará la
incorporación de un nuevo profesional abogado al equipo de la Dirección Regional, reforzando así
el apoyo jurídico que entregamos a mujeres que requieren orientación y acompañamiento legal en
situaciones de violencia».
En tanto, María Isabel Velich, encargada de género de la SEREMI de Salud, destacó la relevancia
de la ley en la atención a víctimas de violencia en el ámbito de la salud: «La Ley 21.675 incorpora
un reglamento que debe ser presentado por el Ministerio de Salud, abordando la atención a
víctimas de violencia sexual y la implementación de protocolos específicos. Es fundamental revisar
las definiciones y responsabilidades que se considerarán, así como precisar los procedimientos
para evitar errores en la recepción de denuncias. Actualmente, ya existen normativas sobre buen
trato, no discriminación y prevención de la violencia, y esta ley refuerza esos principios. Además,
reconoce la violencia gineco-obstétrica, aunque su implementación presenta desafíos, ya que no
está tipificada en el Código Penal, lo que genera debate en el sector sobre su alcance y aplicación
dentro de la atención médica».
Este espacio de diálogo permitió recoger insumos para mejorar la aplicación de la normativa en la
región, promoviendo una mayor coordinación interinstitucional y la consolidación de estrategias
efectivas en la prevención y erradicación de la violencia de género.
Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
La Ley 21.675, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, establece un marco normativo
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, reforzando las obligaciones del Estado
en materia de protección, acceso a la justicia y reparación de las víctimas. Su promulgación
responde a la magnitud del problema: en 2023, Chile registró 42 femicidios consumados, 259
femicidios frustrados (un aumento asociado a una mejor clasificación de estos casos, considerando
situaciones que antes no se tipificaban como tal) y 4 suicidios femicidas, según cifras del Circuito
Intersectorial de Femicidio.
La ley incorpora medidas como la creación del Sistema Integrado de Información sobre Violencia
de Género, el fortalecimiento de la representación jurídica de SernamEG en casos de femicidios y
suicidios femicidas, y el seguimiento a las medidas de protección. Su implementación busca
garantizar la prevención y una respuesta efectiva del Estado y avanzar hacia una sociedad más
segura y libre de violencia para todas las mujeres.