Desde la entrada en vigor de la ley Nº 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, se establecieron una serie de medidas para los procesos de selección y la contratación de personas con discapacidad, como la reserva legal de empleo, comúnmente llamada “cuota”, consistente en la obligación para las empresas de 100 o más trabajadores de contratar o mantener contratados al menos 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de pensión de invalidez. Igual obligación corre para las instituciones públicas que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores. En este último caso, la cuota está sujeta a la dotación máxima de personal fijada en la Ley de Presupuestos del Sector Público o alguna norma en particular.
Si bien esta ley ha tenido efectos positivos, a 5 años de su publicación en el año 2017, aún subsisten falencias y requiere de mayores esfuerzos para eliminar efectivamente las barreras que tienen las personas con discapacidad con el acceso al empleo, especialmente en materia de fiscalización y de sanciones. Ante esta situación, el senador por Magallanes, presento un proyecto de acuerdo respaldado de manera transversal en la Cámara Alta, con el objeto de solicitar al Presidente de la Republica que actualice y adecue la legislación vigente, haciéndose cargo de sus principales falencias, en especial las brechas que subsisten en la formación, el empleo y la capacitación. Ello con el objeto de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y que estas demandas sean abordadas por las autoridades competentes, según se desprende del proyecto.
Según señalo el parlamentario “esta iniciativa pretende poner sobre la mesa el incumplimiento que hay en el sector público y llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las personas con discapacidad, ya que en la práctica estas exigencias no se están cumpliendo del todo” sentenciando que “el Estado es quien debe dar el ejemplo en esta materia, sin embargo, solo un 20,4 % de las instituciones públicas dieron cumplimiento a estas obligaciones, según el último reporte”. Recordando que en otros países, los órganos públicos se obligan en mayor medida que el sector privado, como en España que la cuota es de un 7%.