Royalty inyectará recursos a las regiones y Pacto Fiscal apunta a aumentar pensiones, reducir listas de espera y mejorar la seguridad pública

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Royalty inyectará recursos a las regiones y Pacto
Fiscal apunta a aumentar pensiones, reducir listas de

espera y mejorar la seguridad pública

El Gobierno destaca a legislación ya aprobada y sus beneficios para
Magallanes y otra que recién inicia su camino y que espera sea

aprobada.

Dos buenas noticias informaron este viernes las autoridades
gubernamentales de Magallanes. Se trata, en primer lugar, de la
promulgación de la ley del Royalty Minero, que en régimen permitirá
recaudar unos 1.350 millones de dólares, de los cuales más de 450
millones de dólares serán destinado directamente a las regiones, en un
paso sustantivo para la descentralización, la justicia y la equidad territorial.
La segunda noticia, la propuesta de un Pacto Fiscal que resultó de un
extenso diálogo con más de30 actores empresariales, sociales y políticos,
que permita financiar el alza de las pensiones -en particular la PGU a
$250.000-, la reducción de las listas de espera y elevar la calidad de la
salud, afianzar derechos sociales como el sistema de cuidados y salas de
cuna universal, así como elevar las capacidades para la seguridad pública.
“Con esta ley de Royalty, promulgada esta semana por el Presidente Boric, se
busca generar mayores recursos para las regiones y localidades, promoviendo
la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida para las familias de Chile”,
explicó el delegado Presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, al destacar
uno de los principales impactos en los territorios que se producirán con los
nuevos ingresos, que en el caso de la región llegarán a nueve de las diez
comunas. “Chile necesita avanzar en una descentralización efectiva inyectando
más recursos a las regiones. El Royalty va en esa dirección. El camino al
desarrollo es con justicia territorial, ese es nuestro compromiso como Gobierno”,
puntualizó.
“Una de las innovaciones importantes es que, por Ley, se crean fondos de
beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones: El Fondo Regional
para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los
Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Un fondo de Apoyo para la Equidad
Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que
presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total,

302 municipios recibirán recursos por esta vía”, informó la Secretaria regional de
Economía, Marlene España.
La legislación promulgada introduce nuevos incentivos a la expansión de
proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores
mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los
últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de
similar producción, explico el Seremi de Minería de Magallanes, Juan
Montecinos.

“El royalty promueve la descentralización, la autonomía económica y acciones
concretas que fomentan la productividad en todas las regiones del país”, dijo el
Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas.
A su vez, el Vocero de Gobierno, Andro Mimica, recordó la trayectoria de la ley
promulgada esta semana, la que se aprobó con una amplia mayoría
parlamentaria y como resultado de amplios diálogos que pusieron por delante el
interés y bienestar de las personas y sus comunidades. “Pero hubo resistencia
hasta el final, eran pocos, entre ellos un par de parlamentarios magallánicos.
Esperamos que eso ahora cambie a la hora de tramitar el Pacto Fiscal, porque al
igual que la ley de Royalty, apunta a beneficiar a Chile”, dijo el portavoz.
El gran pacto
También esta semana el Gobierno dio a conocer su propuesta para aumentar la
recaudación. “El pacto fiscal que estamos presentando contribuye a seguir
generando las condiciones para transitar hacia un verdadero Estado de
Bienestar, que proteja a sus habitantes, que sea transparente y eficiente,
creando oportunidades e incentive los mecanismos para que nuestra economía
crezca de forma próspera y sostenible”, explicó el Delegado Presidencial, al
hacer una apreciación global de los objetivos que plantea la iniciativa de
Gobierno. Al precisar la metodología empleada para elaborar la propuesta Ruiz
Pivcevic dijo que “este pacto fiscal en ningún caso es una imposición del
Gobierno, sino que es fruto de una larga serie de conversaciones con distintos
sectores y grupos de interés. Se efectuaron más de 30 reuniones con gremios
empresariales, organizaciones sociales, de la sociedad civil y todos los sectores
políticos”, precisó.
Álvaro Vargas, SEREMI de Hacienda, precisó que la propuesta de pacto fiscal
presentada por el Gobierno de Chile tiene seis componentes: Principios para un
sistema tributario moderno en Chile. Necesidades y prioridades de gasto en
favor de los habitantes del país. Compromisos de reforma para fortalecer la

transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado. Impulso al
crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la
economía. Fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto
a la renta. Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y
evaluación del pacto fiscal.
Marlene España indicó que el Pacto Social busca más recusos para pagar el
aumento de las Pensiones, lo que supone un gasto fiscal de 1,2% del PIB para
el aumento gradual de la PGU a $250.000 y además ampliar su cobertura. En
Magallanes son en torno a 16.878 personas las que serían beneficiadas.
En Salud hay que recaudar un 0,9% del PIB para el aumento a al menos de
$12.000 per cápita para la reducción en tiempos de espera. En Magallanes,
138.281 personas son beneficiarios de FONASA.
Para elevar las capacidades policiales para combatir la delincuencia y el crimen
organizado es necesario recoger recursos de 0,3% del PIB, y así renovar
equipos y vehículos, invertir en tecnologías, formación de personal y otras
mejoras. “La seguridad pública, junto a las pensiones están en nuestras
primeras prioridades; por cierto también queremos expandir los derechos
sociales, acortar las listas de espera, levantar un sólido sistema de cuidados y
facilitar el uso universal de las salas cuna”, añadió el Vocero de Gobierno.