Ante el reciente dictamen de la Contraloría General de la República, que instruye realizar
descuentos en las remuneraciones de los profesores que participen en paralizaciones y que
además descarta pagar los días recuperados posteriormente, como organización que
representa a trabajadoras y trabajadores de la educación, manifestamos nuestro rechazo,
preocupación y profunda decepción por este tipo de pronunciamientos, que lejos de
contribuir a mejorar la Educación Pública, la debilitan aún más.
Sabemos y comprendemos el rol técnico que cumple la Contraloría en el control del uso de
los recursos públicos. Entendemos sus mecanismos y fundamentos legales. No obstante,
es precisamente desde esa comprensión que exigimos equidad, actitud de calma y
proporcionalidad en sus juicios.
La Educación Pública en Chile enfrenta una crisis estructural: infraestructuras deterioradas,
condiciones laborales inadecuadas, sueldos que no se ajustan al nivel de responsabilidad
que implica formar personas, violencia escolar, falta de apoyo psicosocial, entre otras
problemáticas. En este escenario, la paralización es una herramienta legítima de protesta
social, no un capricho ni una infracción del deber, sino una acción de dignidad frente al
abandono institucional.
¿Acaso el dictamen considera las razones profundas por las cuales los docentes se ven
forzados a detener sus funciones? Si las condiciones laborales fuesen dignas y el Estado
cumpliera efectivamente su deber de garantizar una educación pública de calidad, los
docentes no se verían en la obligación de movilizarse.
Por otro lado, llama la atención el rigor selectivo con el que Contraloría aplica su criterio.
¿Hoy respetuosamente hacemos las siguientes preguntas?
¿Ha emitido dictámenes con igual celeridad y severidad ante el uso indebido de
licencias médicas por parte de funcionarios que viajan al extranjero durante sus
“enfermedades”?
¿Se ha exigido con igual firmeza el descuento de remuneraciones a quienes
cometen fraude al fisco mediante licencias falsas, valiéndose incluso de la
complicidad de profesionales de la salud?
¿Dónde están los dictámenes categóricos sobre pagos injustificados en cargos
políticos, viajes innecesarios o asesorías de papel?
La asimetría en el trato es evidente, y profundiza la desconfianza ciudadana. Los docentes
no tienen bonos por movilizarse. No obtienen ventajas. Al contrario: exponen su
estabilidad, su integridad emocional y su prestigio profesional, porque creen que un país
justo comienza en la sala de clases.
Solicitamos que Contraloría aplique sus principios con el mismo celo a todos los casos de
mal uso de recursos públicos, y no sólo cuando se trata de trabajadores que, con esfuerzo
y compromiso, sostienen la educación del país. La ciudadanía merece una
Contraloría consecuente, que no castigue a los que luchan por derechos colectivos mientras
guarda silencio ante otros abusos de mayor escala e impacto fiscal.
Porque no habrá futuro para la Educación Pública si seguimos golpeando a quienes la
defienden con convicción y vocación.
DIRECTIVA REGIONAL
Colegio Profesoras y Profesores de Chile A.G.
Punta Arenas, junio 09 del 2025.