Este lunes 13 de diciembre, en dependencias del congreso nacional se desarrolló una sesión de la comisión de educación de la Cámara de Diputados donde la directiva de la Federación Nacional de Trabajadores de Corporaciones Municipales de Chile, representada por el Presidente de los funcionarios de la CORMUPA , don Ricardo Oyarzo Cárcamo expuso sobre los diferentes aspectos técnicos que supone la implementación de los Servicios Locales de Educación en el país, y la necesidad de aplazar el traspaso en busca de solucionar las dificultades que se han detectado en los lugares donde se ha instalado el nuevo modelo educativo.
Esta exposición se da en el marco del análisis de la ley sobre nueva educación pública en sesión especial citada con objeto de iniciar el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley, originado en mensaje del Gobierno, que modifica la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, en las materias que indica (boletín N° 14736-04), en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
En esta modificación se plantea la extensión de los plazos establecidos para la etapa previa al traspaso del servicio educativo en al menos un año en la Región de Magallanes, como también cambios en el calendario de las otras regiones; además del aumento de la fiscalización y perfeccionamiento de las obligaciones de las municipalidades para efectos del traspaso; en la extensión de la segunda etapa de implementación.
En este contexto los funcionarios de Magallanes plantearon la necesidad de aplazar en al menos de un año la implementación del traspaso en las regiones donde se pretende realizar el proceso el año 2022. Esto en consideración a los graves problemas de implementación que se han visto en anteriores 11 servicios locales instalados en Chile.
En lo que respecta a los otros cambios que plantea la ley, los trabajadores solidarizan con los otros gremios asociados a la educación que también ven en riesgo su continuidad laboral al establecerse incentivos para reducir dotación, como también el retardo de beneficios estatutarios que afectarían a otros trabajadores de los establecimientos educacionales.