Esta medida, que se ajusta a la necesidad de restringir el consumo de combustible en el vecino país, dada la escasez del mismo, es a nuestro juicio un argumento más para concretar la soñada Conexión Terrestre Marítima Chile por Chile.
La infraestructura portuaria existente en Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Yungay, entre otras localidades, sumada a la infraestructura vial que sin duda debe ser mejorada, particularmente en la región de Aysén, son activos que deben ser utilizados con una proyección geopolítica de mayor alcance.
Las condiciones que hoy impone el Estado Argentino, no son nuevas. En otros momentos nuestro país y nuestra región en particular, han evidenciado la vulnerabilidad que implica este tipo de medidas unilaterales. Absolutamente legitimas, por lo demás.
La experiencia conocida al día de hoy en materia de transporte marítimo subvencionado por el estado, para conectar nuestra región con el resto del país y también para mantener la conectividad marítima intra-regional, es al menos cuestionable, si se consideran los millonarios montos que el estado está obligado a desembolsar anualmente para mantener estos monopolios amparados por la actual Constitución Política de la Republica.
No solo es el momento de pensar en conectar el país en su totalidad, sino que también es el momento de recoger las ideas que nos hablan de un sistema nacional de ferrocarriles. Relacionar estas propuestas con un Sistema Naviero y Terrestre que conecte desde la décima región al sur, llegando a Isla Navarino, es justo, soberano y posible. Hoy solo falta la voluntad y el arrojo político para concretarlo.
Es evidente que muchas comunidades pequeñas de nuestro país sufren la desconexión parcial o total, en la medida en que estas comunidades no representan un buen negocio para el empresariado del transporte nacional. Es evidente que la solución en esta materia, no la tiene la empresa privada, que por naturaleza buscará seguir recibiendo subsidios por un servicio a veces deficiente y otras veces ajustados al mínimo posible para garantizar utilidades. Empresas como Navimag y Tabsa son claro ejemplo de esto.
El Estado debe jugar un rol en esta materia. Los municipios más aislados y afectados por la desconexión, deben ser parte de estos proyectos, participando por ejemplo, de empresas navieras locales, de propiedad de las comunidades. Las fuerzas armadas y en particular la Armada de Chile, deben jugar un rol fundamental, tal como ocurre con Isla de Pascua, en donde la Armada apoya el abastecimiento de tan importante comunidad.
Nuestro país debe avanzar hacia una mayor soberanía, en la que cada habitante del territorio sepa que cuenta con el apoyo del Estado. Por el contrario, hoy quienes vivimos en localidades más apartadas, sabemos que nuestro bienestar depende en gran medida, de que alguien gane dinero con nuestras necesidades.