El trabajo investigativo realizado por detectives de la PDI de Punta Arenas, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Magallanes, ha permitido la recuperación de decenas de armas entre pistolas, escopetas, rifles y revólveres, además de cartuchos balísticos, que se encontraban de manera irregular.
La Prefecta Elvira Aranda, jefa subrogante de la Región Policial de Magallanes, señaló que “en septiembre de 2022 se conformó un grupo de detectives, quienes en conjunto con SACFI han realizado diversas investigaciones con la finalidad de ubicar a las personas que tienen en su poder armas, cuyos dueños han fallecido”.
La jefa policial indicó que las diligencias investigativas han permitido recuperar mediante la entrega voluntaria, un total de 79 armas: 37 en un primer periodo y 42 desde octubre a la fecha, además de 1.152 cartuchos balísticos.
Al respecto, el fiscal Felipe Aguirre, jefe de SACFI, destacó el trabajo coordinado entre la Fiscalía y la PDI y explicó que éste “parte de un levantamiento de información en donde se hace un análisis de todas las armas que están en situación irregular y luego, a través de una búsqueda activa del personal policial, se ha logrado este importante resultado”.
Asimismo, el fiscal Aguirre agregó que “en la medida en que logramos que un arma no esté en manos de un delincuente, eso ya genera una sensación de seguridad en la población porque todas estas armas que no estaban regularizadas, están bajo el riesgo de caer en cualquier momento bajo otro delito de robo o hurto, en poder de delincuentes que pueden mal usarlas”.
Cabe destacar que la finalidad de este trabajo es la tenencia responsable de armas, de acuerdo a la normativa vigente. Según los registros que mantiene la PDI a raíz de estos procedimientos policiales realizados en la ciudad, en un 30% de los casos, los familiares han declarado la intención de registrar las armas a su nombre, por lo que éstas han sido devueltas a quienes ya han cumplido con su regularización y cuentan con la autorización para su tenencia. En tanto, otras personas han manifestado su intención de que el arma sea destruida.
Llamado a la regularización
La coordinadora regional de seguridad pública, María de los Ángeles Flores, indicó “sabemos que muchas veces cuando se producen decesos de familiares, quedan estas armas como parte de herencia y a veces por la situación que se atraviesa o bien por el desconocimiento no se sabe qué hacer, por lo que pedimos que se acerquen a las entidades fiscalizadoras y comiencen el proceso de regularización para el cual tienen 90 días de plazo una vez fallecida la persona”.