Por Paula Viano Santana | Fotografías Cristian Valle
“Nos hacían firmar nuestras declaraciones con los ojos vendados”
Información olvidada o desconocida hasta ahora, se compartió en el conversatorio “Consejos de Guerra”, organizado por la Universidad de Magallanes y la Agrupación Cultural de Derechos Humanos, Orlando Letelier, para abordar testimonios e información jurídica respecto de estas instancias militares que se llevaron a cabo en dictadura.
Los ex prisioneros políticos, Fernando Lanfranco y Magda Ruiz, compartieron sus experiencias relacionadas con esta figura jurídica, como los intentos por anular las sentencias, o las formas en las cuales les sacaban y firmaban las confesiones.
De acuerdo al artículo 81 del Código de Justicia Militar, los consejos de guerra son la única instancia para conocer aquellos delitos que corresponda juzgar a la jurisdicción militar en «tiempo de guerra». Si bien fue modificado en 2023, este Código data de 1944, y la Junta de Gobierno constituida en 1973 tras el golpe de Estado, lo complementó con una serie de decretos, entre los cuales destaca el Decreto Ley N° 3, del 11 de septiembre de 1973, que declaró el Estado de Sitio a nivel nacional, y el Decreto Ley NQ 5, del 12 de septiembre del mismo año, que dispuso el Estado de Sitio, decretado por conmoción interna concebida como «estado o tiempo de guerra».
Pese a su importancia, tanto en el curso de los hechos del pasado como en sus efectos hasta la actualidad, se trata de un hito histórico poco conocido en Magallanes. Ante dicho vacío de información, y considerando el aniversario de medio siglo que se conmemora en 2023, las carreras de Derecho y de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes (UMAG), se unieron a la Agrupación Cultural de Derechos Humanos Orlando Letelier, para organizar en conjunto un conversatorio denominado “Consejos de Guerra en Magallanes, una mirada histórica, política y jurídica”. En él participaron los sobrevivientes del terrorismo de Estado Magda Ruiz Méndez y Fernando Lanfranco Leverton, el abogado socialista Pablo Bussenius Cornejo, y el académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UMAG, Sebastián Ortiz Larrondo.
El evento se llevó a cabo en el auditorio de la UMAG, y tuvo una alta asistencia que superó las cien personas, muchas de ellas estudiantes universitarios. Damián Cobbert, por ejemplo, valoró la historia que vive en los testimonios de las víctimas, y aseguró que los planes educativos están omitiendo un importante lapso de la historia nacional. “Debería implementarse este tipo de educación en la enseñanza media, porque al menos yo de esto no sé casi nada”. Su compañero de Derecho, Luis Uribe, agregó que “todavía tenemos una deuda con esa gente”, mientras que Sofía Bustamante, de la misma carrera, afirmó que se entretuvo mucho, porque pudo “conocer un poco más, y había también detalles que yo no tenía idea, como lo que pasó en el Estadio Fiscal (de Punta Arenas)”.
Testimonios en primera persona
Los Consejos de Guerra se realizaron, principalmente, en los primeros años de la dictadura militar, después de un período intenso de interrogatorios y torturas en contra de dirigentes, militantes de partidos y simpatizantes de la Unidad Popular (UP). Estas instancias, catalogadas por investigadores como una “parodia jurídica”, fundaban sus decisiones en confesiones obtenidas bajo tortura y en condiciones de completa impunidad para fiscales y acusadores.
Magda Ruiz era militante de las juventudes socialistas en 1973. Tenía 17 años cuando fue detenida por funcionarios armados, y cursaba 4° medio en el entonces Liceo de Niñas. En el conversatorio, Magda recorrió brevemente su experiencia, y relevó las injusticias del proceso militar con un dato muy ilustrativo al respecto. “No se había dicho que nos hacían firmar nuestras declaraciones con los ojos vendados. Nos decían ‘firme aquí en esta parte’, y uno tocaba la hoja y sabía que estaba firmando al final de una página que, lo más probable, estaba en blanco, y ellos la rellenaban a su libre antojo”.
Fernando Lanfranco fue una de las personas recluidas en isla Dawson. Contó que fue condenado en un Consejo de Guerra en el año ‘74, y que decidió que la justicia debía reconocer que no era culpable de nada. Una acción judicial permitió que en marzo de este año, la Corte Suprema anulara su sentencia, convirtiendo su caso en el primero que se conoce en Magallanes. “Eso también es una reparación”, afirmó Fernando; “que el Estado de Chile reconozca que yo soy un ciudadano que no hizo nada malo”.
Tanto Fernando como Magda valoraron la presencia de estudiantes. Para ella, “eso ya compensa cualquier charla que uno pueda hacer”.
Reflexiones jurídicas
Precisamente, el abogado Pablo Bussenius comentó los casos judicializados en Magallanes. “Me parece necesario -aseveró- en un escenario donde la memoria está en disputa, donde el 75% de la población no había nacido para el año ‘73, que hagamos estos ejercicios de memoria, que podamos conversar y discutir sobre lo que pasó”.
Para él, “el Estado de guerra fue una construcción de la dictadura para justificar esta competencia castrense. En estos pseudo procesos, porque de proceso tenían poco y nada, no se respetaron garantías mínimas propias del debido proceso. A nivel nacional, fueron 50 personas fusiladas en virtud de estos consejos, que no cumplían con ningún estándar. En otras situaciones, fueron utilizados para justificar crímenes que ya se habían cometido”, informó.
En tanto, el académico Sebastián Ortiz abordó el tema desde la perspectiva del Derecho Internacional. “Después de la vuelta a la democracia, el Estado de Chile, a través de su inacción, a través de no hacer cosas, ha vulnerado mucho los DD.HH. de las personas que fueron víctimas de la dictadura. Un gran ejemplo de eso es que tuvimos que ser obligados por la Corte interamericana de DD.HH., para que se pudieran revisar estas condenas y se pudiera absolver a las personas que fueron víctimas de tortura”, lamentó.
Este conversatorio es parte del calendario de actividades de conmemoración de los 50 años en Magallanes, construido en conjunto con agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, Universidad de Magallanes y el Gobierno.