En la primera inspección que se realiza en forma presencial desde 2019, el ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama se constituyó hoy –lunes 3 de octubre- a primera hora de la mañana en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde fue recibido por los ministros Marcos Kusanovic, Caroline Turner y Claudio Jara (s) y el fiscal judicial, Pablo Miño, encabezados por su presidenta, María Isabel San Martín.
Durante la reunión, el alto magistrado se impuso del trabajo anual del tribunal de alzada, como la integración de sala, el número de fallos y otros aspectos de su gestión, sobre lo que fue informado por el administrador Alberto Guzmán.
Posteriormente, recibió a las asociaciones gremiales del Poder Judicial y al administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Alejandro Miranda.
«La visita que me corresponde realizar a la jurisdicción de Magallanes es hacia la corte de Apelaciones: su trabajo anual, integración de fallos y lo que dice relación con la gestión», explicó.
Sobre sus actividades en terreno, indicó que visitaría todos los tribunales de la región, «salvo Puerto Williams por tiempo y riesgo climático», por lo que hará la inspección vía zoom. «Hoy día me reuní con la presidenta de la Corte, el tribunal pleno y el administrador, con lo que se me ha informado de toda la gestión, que como ministro visitador me corresponde darle resultado al pleno de la Corte Suprema», agregó. Sobre el caso Harex, el Ministro Valderrama, quien conoció parte de la indagación cuando fue secretario de la Corte, dijo que mientras se nombre a un titular, desde el 12 de octubre quedará en el cargo el Ministro Kusanovic.
Consultado respecto al retorno de la presencialidad de los funcionarios de tribunales, el ministro -uno de los representantes de la Corte Suprema en la mesa Covid- informó que el pasado martes 27 «se llegó al acuerdo de que se vuelva a la presencialidad con un minimo del 40% de los dos escalafones (jueces y funcionarios)», medida que se va a concretar cuando se firme y apruebe un protocolo.
«La presencialidad tiene que volver a su curso normal, sin perjuicio de que se pueda mantener teletrabajo», añadió, aclarando que todas las unidades judiciales están habilitadas con infraestructura que dé seguridad y protección a funcionarios y usuarios.