Kusanovic rechazó indicación que impedía al Consejo Regional aprobar modificaciones al presupuesto de inversión bajo las 3.000 UTM.

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En el marco de la discusión presupuestaria de los Gobiernos Regionales, el legislador advirtió la
necesidad de que todo traspaso sea visto por el Consejo Regional.

Durante la tercera jornada de sesiones especiales, el Senado discutió el presupuesto de los
Gobiernos Regionales, marcado por el “caso convenios” y los recientes informes que dio a
conocer Contraloría General de la República, generando un extenso debate que concluyo con
su aprobación por 27 votos a favor y 4 en contra, el presupuesto de un billón 765 mil 548
millones, representando un alza positiva de 5,8%, respecto al presupuesto del año 2023.

En la instancia la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez resumió los puntos acordados en
la Comisión Especial Mixta reconociendo que se zanjaron materias fundamentales tales como
la entrega de un 8% de los recursos a fondos concursables para las organizaciones de la
sociedad civil y la asignación de un hasta un 10% para financiar actividades asociadas a casos
excepcionales y emergentes, como por ejemplo deportistas destacados.

A la hora de votar, el senador por Magallanes Alejando Kusanovic, rechazó la indicación que
permitía que “las modificaciones a los presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales
que estén por sobre 3.000 UTM, sean aprobadas por el Consejo Regional respectivo”. El
parlamentario justificó su voto señalando que “todas las decisiones deben pasar por el
Consejo, ya que el Gobierno Regional por definición es el Gobernador y el Consejo Regional,
por lo que entregar una facultad exclusivamente al gobernador me parece un desequilibrio
riesgoso, como ya lo hemos visto en los recientes informes de Contraloria”.

En esa línea, el parlamentario detallo la necesidad de aumentar la participación del Consejo
Regional en la destinación y aprobación de recursos del presupuesto regional, ya que
“actualmente, los Gobiernos Regionales pueden realizar transferencias bajo las 7.000 UTM sin
la autorización del Consejo Regional, es decir, por el mero árbitro del Gobernador, lo que
debería ser modificado si queremos elevar los estándares en la utilización de los recursos
públicos y destacar rol fiscalizador de los consejeros en la ejecución del presupuesto regional.”