Las irregularidades financieras detectadas en gobiernos locales que tienen hoy en la mira de la justicia a las municipalidades de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea han originado un debate sobre la necesidad de dotar de mayores herramientas a los órganos competentes para la fiscalización frente a los recursos públicos que son asignados a las corporaciones, por ejemplo. Las críticas se concentran en el control del gasto que realizan las corporaciones municipales. Ante ello, diferentes expertos concluyen que, a pesar de ser jurídicamente instituciones privadas, deberían regirse por reglas de las entidades públicas.
Una de las posturas más radicales la tiene el excontralor Ramiro Mendoza, quien afirmó a La Tercera que debe “terminarse con la fantasía disyuntiva de ‘eficiencia’ a través de vehículos privados de los municipios. Lo que ha determinado más bien un binomio de viveza/corrupción”.
La exautoridad profundizó y sostuvo que “debiesen extinguirse las corporaciones que existían hasta la decisión antigua del Tribunal Constitucional, y debe prohibirse, expresamente, la transferencia a corporaciones de derecho privado -creadas por vecinos- que impliquen o importen la asunción de funciones municipales”.
Asimismo, el experto en derecho administrativo enfatizó que, de seguir con la continuidad de las corporaciones, cualquiera sea su fin, a todas ellas se les debe transferir la carga del cumplimiento del derecho público en materia de transparencia, rendición de cuentas, compras públicas, control de Contraloría General de manera amplia. Agregó sumar “determinación de responsabilidad de sus administradores en materia civil, por los daños que se causen, a través del juicio de cuentas”.
Por su parte, el académico de la Universidad Católica de Valparaíso Eduardo Cordero explica que las corporaciones al celebrar contrataciones no están apegadas directamente a la ley de compras públicas, por lo tanto, eventualmente, “ellos podrían celebrar tratos directos sin licitación pública. Pero eso no significa que con posterioridad Contraloría no llegue y detecte que ese contrato fue irregular, porque, en definitiva, se podría contratar bajo condiciones del mercado totalmente desventajosa”.
Fuente: LA TERCERA