El artículo 1 fue aprobado por 107 votos a favor y acumuló 41 rechazos, más tres abstenciones. El texto de “La función jurisdiccional”, establece que la justicia se ejerce en nombre de los pueblos, para juzgar y ejecutar toda materia que establezca la ley. Además establece que son los Tribunales de Justicia, autoridades indígenas y otros órganos los encargados de impartirla.
En tanto el artículo 2 que hace mención al “Pluralismo jurídico”, establece que el Sistema Nacional de Justicia “coexiste, en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas”, el cual fue respaldado por 114 votos. Tuvo 37 rechazos y ninguna abstención.
Por 113 votos a favor, 37 en contra y 1 abstención, logró ser aprobado el artículo 3, que establece la “Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad”. El texto plantea que los jueces y juezas son “independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad”, debiendo resolver de manera imparcial. El apartado también establece que ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de ellas, podrá ejercer las funciones jurisdiccionales.
El artículo 5 que establece el “Derecho de acceso a la justicia”, fue votado a favor por 140 votos, siete en contra y dos abstenciones.
Mientras que el artículo 6 que hace mención a la “Tutela jurisdiccional efectiva” que establece que todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales logró 128 respaldos, siete votos en contra y dos abstenciones. En tanto, 114 votos a favor obtuvieron los artículos 7 y 9 respecto a la “Inexcusabilidad e indelegabilidad” y “Fundamentación y lenguaje claro”, respectivamente.
Otro importante apartado aprobado, fue el artículo 10 que establece la “Gratuidad” para acceder a la función jurisdiccional. Esta propuesta alcanzó 141 votos a favor, dos en contra y 5 convencionales se abstuvieron.
Por su parte, 113 votos de respaldo logró el “Principio de responsabilidad jurisdiccional” en el artículo 11, que norma las responsabilidades de los jueces y juezas en delitos de cohecho, falta de observancia y prevaricación. En tanto 36 convencionales rechazaron la propuesta y dos se abstuvieron.
Otro de los que obtuvo un amplio apoyo, fue el artículo 12, respecto a la “Publicidad, probidad y transparencia”, que no tuvo votos en contra. En tanto, fue respaldado por 145 redactores de la nueva Carta Magna. El texto, propone que todas las etapas de los procedimientos judiciales son públicos y establece que cuando se aborden causas con niñas, niños y adolescentes, se deberá poner especial cuidado con la revelación de su identidad.
El artículo 13 del “Principio de Justicia Abierta” concentró 128 apoyos, 22 rechazos y una abstención. La medida establece que la justicia abierta se basa en la “transparencia, participación y colaboración” con el Estado de Derecho.
Fueron 114 convencionales quienes respaldaron el artículo 15 de la “Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad”, mientras que 37 miembros se mostraron en contra de la iniciativa y se contabilizó una abstención. “Los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción, deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en artículo.
El artículo 16, que trata de los “Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos”, fue uno de los que concitó mayor respaldo por parte de los constituyentes, alcanzando 150 votos a favor y una sola abstención. La propuesta busca que sea el Estado el encargado de promover e implementar instancias ajenas a los tribunales para la resolución de conflictos, con un amplio enfoque en el diálogo entre las partes.