No serían solo Colbún y Google los megaproyectos que desistieron de instalarse en Chile debido a la lentitud e incerteza legal para conseguir los permisos. La incertidumbre, según los expertos, se ha instalado en los inversores extranjeros y también nacionales, lo que queda demostrado con las empresas nacionales que han desistido invertir en el país haciéndolo fuera de Chile como es el caso de la CMPC, entre otras.
En Magallanes existen nueve proyectos de hidrógeno verde que representan una inversión de 60.000 millones de dólares, lo que impactaría de forma positiva la economía, al igual como la formación de trabajadores en nuevos oficios, el aumento de puestos laborales, la ampliación de servicios externos como transportes, alimentos, entre otros.
Sin embargo, el diputado magallánico Christian Matheson, integrante de la Comisión de Economía, manifestó que “veo con preocupación la instalación y concreción de los megaproyectos de hidrógeno en la Región de Magallanes debido a las dificultades y múltiples observaciones que han recibido los proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental”.
Matheson agregó que “hoy sabemos que el director del SEA de Antofagasta fue removido, siendo ya el tercero en el mismo cargo, en estos últimos años. Sus malas decisiones o como quieran llamarlo, significó que Colbún -que invertiría US$1.400 millones- desistiera de la inversión. Yo no quiero que esto ocurra en Magallanes”.
Además, el parlamentario señaló que “al inicio de estos grandilocuentes anuncios para la región, solicité que la Comisión de Minería y Energía sesionara en Punta Arenas. En esa instancia legislativa estuvieron como invitados representantes de las empresas y el gobierno representado por el ministro Diego Pardow, quien llegó a la ciudad y también el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien estuvo vía zoom, aquí se advirtió de esta situación de retrasos y trabas para el avance”.
Por último, Matheson enfatizó que “en ningún caso lo que busco es que no se realice el proceso de observaciones y permisos, lo que estoy advirtiendo es que, si el sistema sigue funcionando de este modo se caerán varios de los proyectos que están en carpeta. No se trata de no fiscalizar, pero hoy en día existe otro tipo de proyectos en el resto del país, que han estado en trámite más de 10 años y francamente además de ser una vergüenza e irresponsabilidad, esto termina por confirmar que el mismo estado está frenando la inversión”.