Democracia Viva no sería la única fundación que habría firmado un convenio millonario con Minvu, sino que también existirían otras organizaciones que podrían estar incurriendo en eventuales irregularidades.
Tras la polémica desatada en Antofagasta y la transferencia de $426 millones a la fundación de Revolución Democrática, los diputados Evópoli por medio de un oficio solicitarán investigar la legitimidad de convenios con otras instituciones sin fines de lucro a lo largo del país con el mismo modo de operar.
Al respecto, Francisco Undurraga, indicó que, “la superioridad moral y escala de principios valores a los que alguna vez hizo mención el actual ministro Giorgio Jackson, quedaron en palabra muerta. Aquí, estamos viendo cómo lamentablemente recursos millonarios que debieran llegar a las personas con mayores urgencias de nuestro país, se quedan entrampados en una caja pagadora”, explica el jefe de bancada de Evópoli.
“Es urgente que se investigue no sólo en Antofagasta, sino también en otras regiones, ya que hemos identificado el mismo modus operandi en otros proyectos sociales del Minvu”, apuntó Undurraga.
En tanto, el diputado Jorge Guzmán, señaló que “entre más información tenemos de las transferencias que ha ejecutado el Minvu a distintas fundaciones del país, más dudas se nos generan, respecto a la correcta ejecución de recursos públicos”.
“No puede ser que los recursos se utilicen para fines que no son los correctos y por sobre todo generen dudas, respecto a que el Minvu se esté transformando en una caja pagadora de favores políticos”, sentenció Guzmán.
Un tema que también preocupa son las transferencias realizadas por los gobiernos regionales a fundaciones.
Al respecto, el diputado Christian Matheson explicó que “ya no podemos aceptar errores y muy especialmente de estas características, esto traspasó todos los límites. Necesitamos mayores estándares de probidad, transparencia y por qué no decirlo honestidad de quienes gobiernan el país. En el caso de los gobiernos regionales también hay que investigar, conocer las eventuales transferencias directas de fondos, las posibles licitaciones realizadas, como también sus actas de apertura de propuesta y resoluciones de adjudicación, para poder determinar si se está haciendo un buen uso de los recursos, o se están utilizando solo en beneficio de algunos pocos.”, profundizó el diputado magallánico.
Por otra parte, el diputado por la región de Valparaíso, Hotuiti Teao, fue enfático en señalar que “considerando que ya es oficial la renuncia del seremi de Vivienda y que el plazo del término de su responsabilidad administrativa ya comenzó a correr, Contraloría debe pronunciarse lo más pronto posible para obtener la devolución total del dinero a través de eventuales juicios de cuenta. Todo esto, considerando que el inicio de este proceso está viciado puesto que el trato directo está inadecuadamente fundado al tenor de lo que exige Contraloría y la normativa vigente. Si no son capaces de administrar de manera eficiente y proba los recursos que ya tienen, malamente podrían pedir una Reforma Tributaria que les daría mayores recursos para gastarlos de la misma y cuestionable forma”