Diputado Matheson solicita al Presidente Boric que automóviles
comprados en Zona Franca queden liberados sin pagos extras en 10 años
– “Buscamos justicia para que al igual que en el resto de Chile, los vehículos puedan ser comercializados y renovados sin que se transforme la Región de Magallanes en un cementerio de chatarra”, recalcó el parlamentario.
El diputado Christian Matheson presentó un proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, solicitando al Presidente de la República, Gabriel Boric, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley para que vehículos cero kilómetros que sean adquiridos en zonas francas queden liberados, sin necesidad de pago de impuestos, luego de transcurrido un plazo de 10 años desde su primera adquisición al concesionario.
“La Zona Franca de Punta Arenas se creó en 1977 con la finalidad de incentivar el desarrollo de la zona austral y conferirles a los magallánicos la posibilidad de comprar en un recinto franco otorgando a los habitantes de esta zona aislada un beneficio en cuanto a la adquisición de bienes”, detalló Matheson.
El parlamentario agregó que “en la oportunidad, se le manifestó a la comunidad que podrían liberar los vehículos 10 años después de que fueran adquiridos en la Zona Franca, para que así pudieran ser trasladados y comercializados en otra zona del país, cosa que no quedó plasmada en la ley, restringiendo la posibilidad de renovación de vehículos en una región donde por condiciones climáticas y de infraestructura pública tienen un mayor desgaste o menor vida útil que en el resto de Chile”.
Matheson dijo que “el proyecto establece que “la situación actual sólo contribuye a un desproporcionado crecimiento del parque vehicular en la región, existiendo una gran cantidad de vehículos en desuso. Hoy existen cerca de 60 mil autos en Punta Arenas, ciudad con una población que no súpera los 140.000 habitantes”.
Además, la iniciativa indica que en la actualidad se pueden liberar solo vehículos del año cancelando dos impuestos, el primero es un derecho que corresponde al 6% del valor del vehículo y el segundo es el IVA del 19%, lo que no es aplicable a vehículos usados de años anteriores.
“Esta solicitud de resolución solo busca justicia con los habitantes que viven en nuestra zona, la más austral de país, dando la posibilidad que los vehículos al igual que en el resto de Chile puedan ser comercializados en otras regiones, permitiendo además de esta forma que sean renovados con mayor frecuencia, evitando que la región se convierta en un cementerio de chatarra”, finalizó el diputado.