H. Diputado Carlos Bianchi Chelech
Valparaíso, 13 de junio de 2024
Señorita
Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados
Karol Cariola Oliva
PRESENTE
Solicito a Ud. oficiar a doña Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General de la República,
con el objeto de informar sobre lo siguiente:
La Reserva Nacional Kawésqar, decretada el año 2019, comprende un área de 2.628.429
hectáreas. En su interior se desarrollan múltiples actividades económicas de relevancia para
la Región de Magallanes, tales como pesca artesanal, salmonicultura y turismo. Esta reserva
es también la ruta de navegación obligatoria para la conectividad marítima de la región con
otras zonas del país.
Sobre esta Reserva Nacional, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha llevado
adelante un proceso de elaboración denominado Plan de “Manejo Reserva Nacional
Kawésqar”. Actualmente el plan de manejo finalizó su fase técnica y el documento resultante
será sometido a consulta indígena en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Edén.
Para implementar este plan de manejo, CONAF ha informado la suscripción de alianzas de
colaboración público-privadas. En el marco de tales alianzas, la Corporación ha suscrito
convenios de colaboración con diversas entidades en donde se han recibido insumos
provenientes de diversas ONG’s internacionales como la Fundación Rewilding, PEW
Charitable Trust, Oceana, Greenpeace, Terram, entre otras.
En este contexto, la oficina distrital parlamentaria ha recibido en la ciudad de Punta Arenas
una serie denuncias que señalan que el proceso de elaboración del mencionado plan de
manejo no habría sido ajustado a derecho.
Pescadores Artesanales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena han denunciado
públicamente que el proceso de elaboración de este plan de manejo no se habría
desarrollado convocando a todos los actores objeto de la futura regulación. Adicionalmente,
H. Diputado Carlos Bianchi Chelech el gremio de pescadores artesanales ha manifestado que pese a ser solicitado a CONAF de manera formal, el expediente les fue denegado.
Esto constituiría una señal de que CONAF estaría interviniendo en la regulación sectorial
para la conservación de los recursos, así como potenciales cambios en la naturaleza del
régimen de pesca.
En efecto, entre las medidas que amenazan la actividad pesquera magallánica se
encuentran: a) zonificar la actividad pesquera en el área, con la potencial limitación
territorial de las capturas, b) elaborar normativas de protocolos para las buenas prácticas, lo
que podría afectar los costos y complejizar la actividad pesquera y; c) proponer a
SUBPESCA mejorar la evaluación de estado de pesquerías, normativa de pesca y fijación de
cuotas de extracción.
Lo anterior, en los términos denunciados por los propios pescadores artesanales sería un
intento de CONAF mediante el cual se busca limitar la actividad pesquera artesanal en el
área. En los hechos descritos es posible apreciar que, eventualmente, CONAF habría
extralimitado sus competencias al influir en las decisiones sobre la explotación de los
recursos pesqueros a través de un instrumento de menor jerarquía normativa, burlando con
ello, las disposiciones que regulan el área en la Ley de Pesca y Acuicultura. La norma
propuesta se transformaría en un riesgo real con un efecto perjudicial que provocaría que la
actividad pesquera artesanal reduzca sus desembarques.
De esta forma, las actividades económicas que se desarrollan en el mar en la región, como
la pesca artesanal, se encontrarían en riesgo al ser visualizadas como una amenaza al
territorio en conservación y no como una actividad que deba convivir en armonía con el
medio ambiente.
La nula participación de los pescadores artesanales en el proceso de elaboración del
mencionado plan de manejo tiene un impacto en la economía regional que CONAF no
habría considerado en su elaboración. En consideración a lo anterior, es preciso examinar si en el proceso de elaboración del referido plan de manejo se han realizado acciones oportunas y coordinadas con el ministerio de Economía, Fomento y Turismo, así como también con el Ministerio del Medio Ambiente H. Diputado Carlos Bianchi Chelech y otros servicios competentes, y que tales acciones se encuentran dentro del ámbito de competencia de CONAF.
Es importante recordar que el legislador impone a los entes que conforman el sector público,
con independencia del carácter autónomo, personificado o centralizado de que estén
revestidos, para que estos la ejecuten en el estricto marco de la competencia que a cada uno
les corresponde y que, en consecuencia, es un principio general que informa la organización
administrativa.
El impacto en la economía regional del referido plan de manejo que desarrolla CONAF
podría verificarse en el siguiente gráfico:
Recurso1
2020 2021 2022 2023
Centolla USD 27,667,346 USD 51,072,898 USD 50,028,912 USD 45,499,484
Erizo USD 51,777,982 USD 35,545,753 USD 42,668,950 USD 48,767,279
Luga roja USD 140,655 USD 370,472
Ostion del su USD 555,904 USD 379,374 USD 184,795 USD 217,675
Centollón USD 8,517,166 USD 13,557,475 USD 12,843,135 USD 5,527,510
Huepo
Total Anual USD 88,518,399 USD 100,555,500 USD 105,866,448 USD 100,382,420
Sin perjuicio de estudiar los impactos que en la economía regional tiene el mencionado “plan
de manejo” impulsado por CONAF, sería necesario evaluar si dentro de la debida
coordinación que debe existir dentro de la administración del Estado, hubo el
pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura (SERNAPESCA), el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal y de la Acuicultura (INDESPA), el Fondo de Investigación Pesquera y de
Acuicultura (FIPA), el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), la Subsecretaría para las
FFAA, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), la Superintendencia Ambiental, la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), o el Ministerio de Defensa, por mencionar
algunos.
1
FUENTE: Asociación de Pescadores Artesanales de Magallanes, citando a ADUANAS e IFOP.
H. Diputado Carlos Bianchi Chelech
Es importante, además, mencionar que la ley N 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas y el Sistema Nacional De Áreas Protegidas. Este Servicio es
funcionalmente descentralizado, es decir, contará con personalidad jurídica y patrimonio
propio, pero estará sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del
Ministerio del Medio Ambiente. Y que dentro de sus funciones se encuentra Gestionar el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, elaborar, ejecutar y coordinar la implementación, los
planes de manejo para la conservación; Fiscalizar la aplicación de la ley General de Pesca
y Acuicultura, sus reglamentos y las medidas de administración pesquera en las áreas
protegidas.
Así las cosas, vengo en solicitar a este ente contralor que dictamine si la Corporación
Nacional Forestal, CONAF, ha llevado adelante el proceso de elaboración denominado
Plan de “Manejo Reserva Nacional Kawésqar” conforme a derecho; teniendo presente que
en el procedimiento de elaboración del mencionado plan no se habría realizado de manera
coordinada, y conforme con la normativa aplicable, con los ministerios de Medio Ambiente
y de Economía Fomento y Turismo, en lo que les corresponda. De Igual forma, se solicita
determinar la competencia del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la
elaboración del plan mencionado y, finalmente, se solicita a esta Contraloría General de
la República verificar que los recursos destinados por la referida CONAF Regional de
Magallanes para la elaboración de este plan de manejo se encuentran justificados,
acreditados, respaldados y registrados en la contabilidad respectiva.