DIPUTADOS APROBARON PRIMEROS PROYECTOS DE AUMENTO DE PENAS EN DELITOS COMO EL SECUESTRO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS

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Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, en general y en particular, dos proyectos que aumentan las penas para quienes realicen secuestros y para el porte de armas en lugares altamente concurridos.

Sobre los SECUESTROS: Actualmente se castiga con presidio mayor en su grado mínimo a medio (de 5 años y un día a 15) a quien retenga a una persona para obtener un rescate, imponer exigencias o arrancar decisiones. Con el proyecto aprobado por la Cámara Baja -y que avanzó ahora a segundo trámite al Senado-, la misma pena se aplicará cuando el encierro o detención se prolongue por más de 48 horas.

El texto, además, incrementa el castigo cuando, a raíz del secuestro, la víctima sea objeto de homicidio, violación, castración o lesiones graves. En tal caso, la condena partirá en presidio perpetuo (y ya no en presidio mayor en su grado máximo) e irá hasta presidio perpetuo calificado.

El segundo proyecto que fue aprobado por unanimidad y avanzó al Senado para su segundo trámite es el que aumenta la pena por el delito deporte de armas en lugares altamente concurridos, tales como la vía pública, edificios públicos, ferias, y mercados, entre otros.

«La pena en este caso es superior al delito de porte de armas cometido en otras circunstancias, porque un lugar concurrido -en este caso, altamente concurrido- implica un mayor riesgo, por la cantidad de personas presentes en el evento del uso del arma o potencial peligro que representa una persona aportando un arma en tales lugares».

Este miércoles sólo se va a votar la ley que fusiona los proyectos Naín-Retamal, a la cual no se le pueden hacer indicaciones en esta etapa, como el Gobierno planeaba, dejando la presentación de enmiendas para su tramitación en el Senado.

Mientras que la llamada Ley Naín restringe los beneficios para quienes cometen delitos en contra de carabineros, la Ley Retamal establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial, idea que divide aguas en el oficialismo.