Este 29 de enero, el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) cumplirá 22 años en la región, brindando una silenciosa y significativa labor al alero de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), como centro especializado que asiste a quienes han sufrido los delitos de la más alta gravedad, y además a sus familias, de manera de ayudarles a superar los efectos traumáticos de la violencia, y prevenir las consecuencias secundarias de ser víctima, junto a la protección de sus derechos.
Al respecto, Alejandro Donatti, Director Regional de la CAJ, destaca que el actual equipo del CAVI sigue siendo el mismo que labora hace más de 15 años: Claudia Saiter Muñoz, Coordinadora del centro; Ximena Canales Mayorga, psicóloga; Martina Pradenas Uribe, abogada; y Mayra Montoya Barrera, secretaria. Este trabajo de atención a víctimas de delitos violentos mantiene aproximadamente 50 casos vigentes actualmente, siendo su fuerte el privilegiar siempre la atención integral. En este modelo de intervención único a nivel institucional, “si bien van unidas las tres áreas, tanto judicial, psicológica y social, obviamente no nos medimos por el aspecto judicial. Esto quiere decir que, si una causa termina judicialmente, pero hay una afectación de la víctima que continúa en el tiempo, el CAVI continúa prestando apoyo a esa víctima hasta ojalá lograr la recuperación o restablecimiento total de su situación”.
Durante la pandemia, en 2021 este organismo de representación jurídica se trasladó a su actual inmueble en Roca N°1034. Allí, toda persona atendida puede tener acceso a ser representada jurídicamente y reparada integralmente. Claudia Saiter Muñoz, Coordinadora del centro, señala que abrieron sus puertas en la región en enero de 2002, antes de la Reforma Procesal Penal. En estas dos décadas, la sociedad ha ido evolucionando y el grueso de las denuncias recibidas y derivaciones de casos a CAVI las han obligado a ir adaptándose y especializándose en una exigente y comprometida función. Su público usuario es mayoritariamente femenino y en promedio se sitúa entre los 10 y 16 años, registrando casos de niñas desde los 4 años hasta personas adultas mayores, en su mayoría víctimas de delitos sexuales intrafamiliares.
En el tiempo, esto se traduce hoy en un trabajo con una mirada de género, íntimamente ligada con la calidad del servicio al momento de intervenir. Con un 97 por ciento de usuarios mujeres, el
85 por ciento de casos atendidos son delitos sexuales de alta complejidad, y “el hecho de ser mujeres nos permite trabajar, diagnosticar e intervenir con una mirada de género transversal. Hay confianza a nivel profesional y la opinión de cada una en su área es muy relevante y respetada como equipo, y nos obliga a tener una mirada interdisciplinaria en cada caso. Las decisiones que se van tomando como equipo responden de mejor manera a las necesidades de las víctimas”.
Si bien hay muchas necesidades para mejorar su cometido, como infraestructura y mayores recursos, la abogada Martina Pradenas coincide en que su fortaleza reside en su estabilidad como equipo, junto a conocer el sistema, las redes, su experiencia y calidad profesional para manejar de manera mucho más fluida la atención de los casos. Destaca que “ajustamos nuestros objetivos a la persona que tenemos, a qué quiere, qué necesita esa persona, y aunque se trate de un mismo delito, las necesidades y estrategias van a ser absolutamente distintas, de acuerdo a las necesidades. El humanizar, personalizar el trabajo: quién eres tú, qué necesitas y cómo te podemos ayudar, forman parte de las primeras preguntas que se formula a quien ingresa al centro”. A ello se suma que las personas se atreven más a denunciar, aunque “creo que la confianza en las instituciones es todavía una tarea pendiente que tiene que ver con los resultados, que a veces no cumplen las expectativas de las personas en cuanto al tiempo de respuesta del sistema judicial y, por otro lado, respecto a las sanciones”.
Al respecto, reconocen que afecta su trabajo cuando se generan demoras en el tema pericial por no haber disponibilidad de horas en las instituciones, como en el caso de pericias físicas, afectando los avances en un proceso y desincentivando también a muchas víctimas, lo que también incide en los procesos de intervención y reparatorios.
A la luz del relevante aporte que representa la labor del CAVI, dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, resalta a la luz de este nuevo aniversario, la calidad del grupo humano, la permanencia y el conocimiento que tienen en las materias: “Son el equipo de mayor data en el tiempo a nivel regional trabajando con víctimas y eso se ve reflejado también en las y los usuarios en las encuestas de la institución de satisfacción usuaria, y de ahí que sean un referente en materias de atención de víctimas desde la Región de Magallanes”.