Hasta las oficinas del Servicio Local de Educación Pública llegaron tres
representantes de un grupo de apoderados de establecimientos públicos para
entregar una carta en la que piden a las autoridades que se adopten medidas
urgentes para garantizar la reanudación de las clases.
La vocera de grupo y apoderada de la Escuela Elba Ojeda Gómez, Daniela Geraldo,
indicó que no son parte de alguna directiva de centro de padres y apoderados, pero
sí coordinan un grupo de 800 personas, aproximadamente, a las que representaron
en la entrega de la misiva.
“Tengo tres hijos en la educación y nosotros queremos abordar el regreso de
nuestros hijos a los establecimientos educacionales. No estamos negociando, no
estamos en contra de nadie, solamente estamos viendo la falta de educación a
nuestros hijos”, indicó la vocera.
Argumentó que “estoy clara por la página de transparencia que cada profesor está
recibiendo su sueldo, que han sido pagados, que tienen sus bonificaciones. Acá
ellos están peleando un alza de sueldo y nuestros hijos no pueden llevar la culpa de
sus malas negociaciones”.
Los apoderados fueron recibidos por el director ejecutivo subrogante del SLEP
Magallanes, Jorge Valdés, quien confirmó que efectivamente desde el traspaso en
2024 “se ha cumplido íntegramente con el pago de remuneraciones, asignaciones,
bonos y cotizaciones previsionales de las y los docentes de Magallanes, a diferencia
de lo que ocurría con los antiguos sostenedores”.
Asimismo, Valdés indicó que con la paralización no solo se han visto afectados los
aprendizajes, sino que también se han interrumpido los distintos servicios que
brindan las escuelas y liceos.
En ese sentido, en la carta se exponen las necesidades que no se están cubriendo a
causa del paro de profesores para niñas y niños con necesidades educativas
especiales o en situación de riesgo social. También plantean preocupación por la
pérdida de aprendizajes, la recuperación de clases y el posible aumento de la
deserción escolar.
«Nos preocupa profundamente el retraso educativo que esta paralización está
generando, especialmente en los estudiantes de colegios especiales y aquellos con
necesidades educativas diferenciadas, quienes necesitan continuidad en sus
procesos de enseñanza para evitar retrocesos significativos en sus habilidades y
desarrollo», señala la misiva, y agrega «es fundamental recordar que la educación es
un derecho garantizado y que los docentes, como parte fundamental del sistema
educativo, tienen deberes que cumplir en beneficio de los estudiantes».
Junto con advertir que si no se resuelve pronto el inicio de clases las consecuencias
serán irreparables, indican en la carta que “no podemos seguir permitiendo que
sean los niños, niñas y adolescentes quienes paguen las consecuencias de
decisiones y conflictos ajenos a su responsabilidad”.
El director ejecutivo subrogante del SLEP concluyó señalando que “hemos insistido
con los profesores que podemos seguir dialogando sobre sus demandas sin
mantener paralizadas las clases. Con cada minuto que pasa el regreso a las aulas es
más urgente, para garantizar lo más importante en juego: el derecho de las y los
estudiantes”.