A través de recursos de revisión que serán presentados ante la Corte Suprema, un grupo de mujeres y hombres de Magallanes que fueron llevados a Consejos de Guerra luego del golpe civil militar de 1973, buscan eliminar las sentencias dictadas en su contra. En Punta Arenas fueron realizados seis juicios en tribunales militares que involucraron a casi un centenar de militantes y/o funcionarios del depuesto gobierno de Salvador Allende, en los que se emitieron altas sentencias de cárcel e incluso condenas a muerte.
Pronto a cumplirse 50 años desde la instalación del primer tribunal militar “en tiempos de guerra”, las sentencias emitidas están siendo anuladas por la Corte Suprema. El 3 de octubre de 2016, el máximo tribunal anuló el fallo del Consejo de Guerra rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas. Al dictar esta sentencia de anulación, el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Omar Maldonado y otros con Chile, y señaló que el recurso de revisión era el medio procesal para anular estas sentencias.
“Aquí no hubo guerra, tampoco hubo dos bandos beligerantes y lo que ellos llamaron enemigos eran en realidad hombres y mujeres que abrazaron un proyecto político que transcurría en democracia, con un gobierno elegido democráticamente. Los Consejos de Guerra fueron una aberración, que fueron usados como excusa para darle legalidad a los crímenes”, apuntó el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic al comentar la decisión delas y los x prisioneros de la dictadura de impugnar las sentencias dictadas por los tribunales militares, constituidos como Consejos de Guerra.
El abogado Pablo Bussenius, que tomó las causas por encargo de la Agrupación de Derechos Humanos “Orlando Letelier”, explicó que es “más que dudosa” la legalidad de los Consejos de Guerra, toda vez que el proceso llevado adelante por tribunales integrados solo por militares, con abogados defensores que no tenían derecho a alegar y cuyos jueces basaban sus sentencias en “confesiones” sacadas bajo torturas, han terminado por ser cuestionados por las cortes internacionales de derechos humanos, así como por la propia Corte Suprema chilena.
Y hay un caso en Magallanes. Se trata del ex prisionero Fernando Lanfranco, quien fue llevado a un Consejo de Guerra junto a otros militantes partidarios de la Unidad Popular sentenciados a altas penas de prisión, que nunca cumplieron porque antes muchos de ellos fueron expulsados de Chile a través del Decreto 504 que los llevó a un largo exilio. Lanfranco al regresar inició las acciones legales, con un recurso de revisión del juicio que tuvo ante tribunales militares y luego de un largo camino, la Corte Suprema dictaminó la eliminación de la sentencia. “Se trataba de un acto de reparación que yo sentí necesario, una resolución judicial, definitiva, que terminó con la ilegalidad, puso fin a una injusticia y, por cierto, me devolvió dignidad”, dice Lanfranco, uno de los autores de la Cantata Nuestra Madre Grande, escrita en Isla Dawson y de pronto estreno.
Los documentos que serán presentados como recursos de revisión fueron firmados por una veintena de personas juzgadas por los Consejos de guerra, en un significativo acto realizado en las dependencias de la Delegación Presidencial de Magallanes, para enseguida dirigirse al frontis de la ex Cárcel Pública, done muchos y muchas de las personas detenidas era llevadas para “cumplir condenas”.
Una de ellas era Rosa María Lizama, que fue recluida en esa prisión, en pleno centro de la ciudad, cuando tenía 16 años de edad, luego de haber sido secuestrada del colegio donde estudiaba. Luego de pasar por los centros de interrogatorios y torturas, fue sometida a un Consejo de Guerra en noviembre de 1973, contra la Juventud Socialista. Finalmente fue condenada a cuatro años de reclusión.
En la puerta de excárcel pública, hoy piensa que «el Estado al reconocer la ilegalidad de los Consejos de Guerra, y admitir que se basaron en la violación a los derechos humanos, realiza un acto de reparación«.