La autoridad comunal ofició al ministro Fernando Rabat y exigió revisar la resolución judicial, advirtiendo que el recinto penitenciario local carece de dependencias de máxima seguridad.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, solicitó formalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, realizar las gestiones necesarias para impedir el traslado hasta la capital magallánica de Ronald Quiñones Quintero, actualmente en prisión preventiva y vinculado a una investigación por homicidios por encargo y crimen organizado en el Gran Concepción. La orden contempla su traslado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hacia la cárcel de Punta Arenas.
La petición fue formulada durante las últimas horas mediante un oficio, en donde Radonich manifiesta su preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentaría el recinto penitenciario local ante la eventual llegada de un interno de alta peligrosidad y solicita que la medida no se materialice. El escrito señala, además, que Quiñones permanece actualmente bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua y consigna que Gendarmería habría advertido que la cárcel de Punta Arenas no cuenta con dependencias de esa categoría.
“Nos ha sorprendido que se pretenda trasladar hasta nuestra cárcel a una persona vinculada a hechos de extrema gravedad, homicidios por encargo y crimen organizado. A esto le decimos claramente que no. No parece razonable trasladar a Punta Arenas a un imputado que actualmente requiere condiciones de máxima seguridad cuando nuestro recinto penitenciario no cuenta con instalaciones de esas características”, afirmó el alcalde.
El caso también generó cuestionamientos del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien criticó la resolución judicial y sostuvo que este tipo de decisiones debe considerar los informes técnicos de Gendarmería y la segmentación de los internos de mayor riesgo.
Para Radonich, precisamente allí radica una de las principales contradicciones de la medida. “Se ha planteado la necesidad de aislar a quienes son cabecillas o integrantes de organizaciones criminales y evitar que continúen ejerciendo influencia desde los recintos penitenciarios. Por eso resulta contradictorio trasladar a una persona de estas características a una cárcel que no dispone de un módulo de máxima seguridad. Valoramos lo señalado por el ministro Arrau respecto de esta inconsistencia, porque aquí está en juego la seguridad de los funcionarios de Gendarmería, de los demás internos y también de nuestra ciudad”, sostuvo.
En el oficio dirigido al titular de Justicia, la Municipalidad solicita que cualquier eventual traslado de una persona de alta peligrosidad esté precedido por una evaluación técnica integral que determine si el establecimiento de destino cuenta efectivamente con las condiciones penitenciarias y de seguridad necesarias. Asimismo, pide considerar los riesgos para los funcionarios, sus familias y la comunidad de Punta Arenas, junto con los antecedentes relativos a la organización criminal investigada.
“Lo que hemos hecho por todas las vías es proteger a nuestra región frente a la llegada de este tipo de delincuencia. No queremos importar a Magallanes problemas asociados al crimen organizado que lamentablemente han golpeado con fuerza a otras zonas del país. Por eso estamos pidiendo coherencia entre lo que se plantea como política penitenciaria y las decisiones que finalmente se ejecutan”, señaló Radonich.
El jefe comunal enfatizó que su planteamiento no apunta únicamente a las condiciones internas del recinto penal, sino también a las posibles consecuencias que una decisión de esta naturaleza podría tener fuera de él. “Como alcalde, y en nombre de la ciudad, le hemos pedido al ministro de Justicia que esta decisión sea reestudiada y que se realicen todas las gestiones necesarias para dejar sin efecto el traslado. No queremos generar un problema adicional para nuestra región. Si estamos hablando de aislar a quienes están vinculados al crimen organizado, debemos evitar expandir su capacidad de influencia hacia otros territorios”, agregó.
El documento municipal solicita también al Ministerio de Justicia informar cuáles serán las medidas adoptadas respecto del caso y entregar los antecedentes técnicos que sustenten cualquier eventual decisión relacionada con el traslado. Asimismo, la Municipalidad manifiesta su disposición a colaborar con las instituciones responsables de la seguridad pública y penitenciaria.
Radonich aseguró que continuará realizando gestiones ante el Ejecutivo y que, de ser necesario, solicitará reunirse directamente con el ministro Rabat. “Con Magallanes, no. Con Punta Arenas, no. Estamos planteándolo de manera respetuosa, pero con mucha firmeza. Si es necesario, voy a solicitar una reunión con el ministro de Justicia para evitar que esta decisión se concrete. Esperamos que quienes deben resolver este traslado vuelvan a evaluar los antecedentes y que pueda quedar sin efecto de manera inmediata”, concluyó.