El caso se remonta al 3 de julio de 2020, cuando Richard Franco Soto Velásquez
conducía un Mazda por calle Covadonga, en Punta Arenas, en estado de ebriedad.
Según la sentencia, cerca de las 05:45 horas perdió el control del vehículo a la
altura del número 20 e impactó a un Toyota que se encontraba estacionado,
provocando daños avaluados en $4.042.752.
Días después, el 11 de julio de 2020, quedó emitida la boleta electrónica asociada a
la reparación del vehículo del periodista Mario Enrique Andrade Alarcón. Ese
documento fijó el valor de la reparación en $4.042.752, correspondiente a trabajos
de desabolladura, pintura y cambio de repuestos del Toyota RAV4 patente LRGH-
Los trabajos fueron efectuados en el taller de Toyota en Punta Arenas.
La causa penal terminó con sentencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas,
dictada el 3 de febrero de 2023 y pronunciada formalmente el 14 de febrero de ese
año. El tribunal condenó a Soto Velásquez como autor del delito consumado de
manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, aplicándole 61 días de
presidio menor en su grado mínimo, multa de 2 UTM, suspensión de la licencia por
2 años y la prohibición de obtenerla durante ese período.
En la misma resolución, el tribunal le concedió el beneficio de remisión condicional
de la pena por 1 año, con la obligación de presentarse ante Gendarmería dentro
del quinto día de ejecutoriado el fallo. También se le otorgó un plazo de 4 cuotas
iguales y sucesivas, comenzando en mayo, para pagar la multa, una vez firme la
sentencia.
El capítulo civil quedó zanjado después. El extracto publicado en abril de 2026
informa que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió la acción de
indemnización presentada por Mario Enrique Andrade Alarcón contra Richard
Franco Soto Velásquez. La alzada ordenó pagar $4.042.752 por daño emergente,
suma que debe reajustarse según el IPC desde que la sentencia quede ejecutoriada
hasta su pago efectivo, con intereses en caso de mora.
Además, el mismo extracto consigna que el 17 de marzo de 2026 se certificó que
esa sentencia de segunda instancia quedó firme y ejecutoriada. En los hechos, eso
cerró judicialmente el camino para que la víctima, Mario Andrade, reciba el pago
fijado por la Corte por parte de Richard Franco Soto Velásquez.