El Colegio de Profesoras y Profesores A.G., Comunal Punta Arenas, manifiesta su
profunda preocupación por los hechos que durante las últimas semanas han afectado a la
Educación Pública, tanto a nivel nacional como local. En este contexto, nos declaramos en
estado de alerta.
En primer lugar, rechazamos las medidas contenidas en la Circular N.o 16 del Ministerio
de Hacienda, referida a la formulación presupuestaria 2027, cuyo anexo del Ministerio de
Educación contempla ajustes presupuestarios y la eventual discontinuidad de 15 programas
educativos, entre ellos el PACE, el Programa de Alimentación Escolar y el FAEP. Estas
medidas afectarán directamente a niñas, niños y jóvenes, especialmente de las comunidades
más vulnerables.
Asimismo, expresamos preocupación por la designación de autoridades educativas que han
sido objeto de cuestionamientos públicos asociados a eventuales vulneraciones de derechos
hacia Docentes, situación que debilita la confianza en las instituciones y en la conducción
del sistema educativo.
A nivel local, resulta preocupante la gestión del SLEP Magallanes, especialmente cuando
se argumenta falta de recursos, mientras existen errores administrativos que han derivado en
indemnizaciones millonarias. A ello se suma la demora en la aplicación de la ley de
titularidad docente y en la tramitación de sumarios administrativos vinculados a denuncias
realizadas por docentes en el marco de la Ley Karin.
Finalmente, advertimos nuestra preocupación por el proyecto de ley sobre seguridad, orden
y respeto en la comunidad educativa, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
Si bien compartimos la necesidad de resguardar la seguridad escolar, preocupa que se
privilegie una mirada policial y punitiva por sobre un enfoque preventivo, y formativo.
Además, algunas disposiciones requieren mayor precisión para evitar interpretaciones que
puedan afectar la organización gremial y la legitima movilización social.
Como Comunal Punta Arenas, reafirmamos nuestro compromiso de defender la Educación
Pública y mantenernos vigilantes frente a cualquier decisión que implique un retroceso en
los derechos de las comunidades escolares y de los sectores más vulnerables.