El presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic Antinopai, y el fiscal
regional, Cristian Crisosto Riffo, encabezaron la ceremonia de firma del Protocolo
de Colaboración entre el Juzgado de Familia de Punta Arenas y la Unidad de
Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en Magallanes.
El protocolo es un instrumento técnico-operativo que establece mecanismos
formales de coordinación, comunicación expedita y trabajo conjunto entre ambas
instituciones, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a
situaciones graves que afectan a niños, niñas y adolescentes, particularmente la
explotación sexual comercial infantil, también conocida por sus siglas (ESCNNA),
así como otras vulneraciones de derechos de alta complejidad.
El acuerdo contempla procedimientos claros y efectivos para el intercambio de
información relevante, seguimiento coordinado de casos, definición de criterios
comunes y planificación de acciones conjuntas, además de instancias de
sensibilización y trabajo intersectorial con la comunidad.
La finalidad de este protocolo es garantizar una intervención rápida, oportuna y
especializada que evite la victimización secundaria y fortalezca la protección
integral de la infancia y adolescencia en la región, cumpliendo con los estándares
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Para el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic, suscribir e
implementar el protocolo “refleja el compromiso sostenido del Poder Judicial y el
Ministerio Público en avanzar hacia la erradicación de la explotación sexual
comercial infantil, contribuyendo a que todo niño, niña o adolescente pueda crecer
y desarrollarse en un entorno seguro, libre de violencia y explotación en la Región
de Magallanes y cuya fórmula puede bien ser replicada en otras jurisdicciones del
país como un modelo a seguir”, indicó.
A su vez, el fiscal regional, Cristian Crisosto Riffo valoró la alianza institucional
“como un paso relevante para mejorar la calidad de la atención a las víctimas,
asegurar el cumplimiento de estándares de protección, y promover una labor
colaborativa basada en el respeto, la eficiencia y el compromiso con los derechos
humanos, reflejando el esfuerzo permanente de ambas instituciones por avanzar
hacia una justicia más cercana, humana y articulada, que responda a los desafíos
actuales de protección, intervención y acompañamiento a favor de niñas, niños,
adolescentes, personas mayores, discapacitadas, o en condiciones particulares”.
En tanto, Katherine González, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Punta
Arenas, e impulsora por parte del Poder Judicial del proyecto, relevó la
importancia del acuerdo ya que “la violencia sexual y la explotación sexual
comercial son expresiones extremas de vulneración, que rompen los vínculos
fundamentales de confianza, dañan la integridad emocional y social, y afectan de
manera crítica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Por ello, no
admiten respuestas fragmentadas ni enfoques protocolarios. Requieren, sin
excepción, una actuación institucional coordinada, eficaz, empática y centrada en
la protección integral.