La concejala Verónica Aguilar anunció este jueves que solicitará un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, luego de que dos de los tres oferentes que participaron en la licitación del contrato de cobro de estacionamiento en el centro de Punta Arenas impugnaran la adjudicación. El contrato, adjudicado a la empresa Perera y Contreras Ltda., con sede en Temuco, enfrenta cuestionamientos por eventuales irregularidades en el proceso.
“Solicitaré un pronunciamiento de Contraloría que investigue posibles responsabilidades administrativas en torno a este proceso”, señaló Aguilar. La concejala criticó la falta de prolijidad en la licitación, subrayando que esta situación tiene al centro de la ciudad en el desorden y que deja a más de 50 trabajadores en la incertidumbre sobre sus empleos.
La concejala explicó que se abstuvo de votar en la adjudicación de la licitación debido a que la empresa ganadora carecía de experiencia en el ámbito público, y las bases del concurso no garantizaban una recaudación significativa para el municipio. “Dije en su minuto que temía que este contrato fuera pan para hoy y hambre para mañana”, comentó Aguilar, y añadió que espera que el Tribunal de Contratación Pública resuelva rápidamente las denuncias para destrabar un conflicto que afecta a la comuna.
“La falta de regulación en los estacionamientos desordenó totalmente las calles, afectando la movilidad urbana, generando problemas de tráfico y complicando la vida cotidiana de los ciudadanos. Es un recordatorio de que cada proceso mal gestionado repercute en la calidad de vida y en la eficiencia de los servicios que todos esperan recibir.”, lamentó.
Las empresas impugnantes, Inversiones Divo SpA y Auto Orden S.A., presentaron recursos al Tribunal de Contratación Pública alegando irregularidades en el proceso de evaluación, especialmente en los criterios de comportamiento contractual anterior e iniciativas de impacto medioambiental.
En tanto, Inversiones Divo argumenta que Perera y Contreras no estaba registrada en el portal Mercado Público antes de la publicación de los resultados de la licitación, lo que habría influido en la puntuación final.
Auto Orden, por su parte, acusa que la adjudicación fue arbitraria y no se ajustó a las bases administrativas de la licitación.
El Tribunal de Contratación Pública declaró admisibles ambas impugnaciones y solicitó informes a la Municipalidad de Punta Arenas, que deberá responder en un plazo de 10 días hábiles. La concejala Aguilar espera que estas acciones contribuyan a esclarecer el proceso y a restablecer la confianza en la administración pública de la comuna.