CASO HERCULES: CORTE DE APELACIONES MANTIENE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA IMPUTADOS POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO.

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Caso Hércules KC-130: Corte de Punta Arenas mantiene cautelares contra
imputados por cuasidelito de homicidio
La Corte de Punta Arenas confirmó hoy -viernes 23 de agosto- la resolución que
denegó la solicitud de alzar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma
mensual en contra del general (r) de la FACh, Eduardo Mosqueira y los oficiales
Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Alan Asenjo Contreras, imputados como
autores de cuasidelito de homicidio de 38 personas que fallecieron en el accidente
aéreo de avión Hércules C-130, que cayó al mar en ruta a la Antártica, en
diciembre de 2019.
En resolución unánime (causa rol 279-2024), la Primera Sala del tribunal de
alzada -integrada por los ministros María Isabel San Martín Morales, Marcos
Kusanovic Antinopai y Caroline Turner González- confirmó la resolución
impugnada, atendido su mérito y compartiendo los argumentos vertidos en ella por
el juez de Garantía de Punta Arenas, Franco Reyes Pozo.
La resolución de la Corte de Apelaciones consigna que “teniendo presente que las
alegaciones formuladas por las defensas en estrados dicen relación con
cuestiones de fondo que deberán ser resueltas por el tribunal llamado a conocer
de la acusación que en su oportunidad se formule, considerando además que los
argumentos vertidos no permiten estimar que existe una variación de
antecedentes tenidos en vista al momento de decretar las medidas cautelares
teniendo presente, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 149 del Código
Procesal Penal, se confirma la resolución apelada dictada por el Juzgado de
Garantía de esta ciudad, en audiencia de catorce de agosto del año en curso”.
El fallo del tribunal de base afirma que “(…) se encuentra justificada la necesidad
de cautela, como se expresara en atención a la complejidad del asunto y siendo
de baja intensidad, no apreciando el perjuicio real o efectivo como aquello pueda
afectar el derecho a defensa”.

“Razón por la cual conforme lo proyecta el artículo 122, en razón con el artículo
155 y 140 del Código Procesal Penal, a la petición de la defensa de alzamiento de
medidas cautelares se resuelve: I.- No ha lugar. II.-Manténganse las medidas
cautelares vigentes”, concluye.
Según los antecedentes expuestos por el ente persecutor en la audiencia de
formalización de la investigación efectuada el 21 de febrero de 2023,  el 9 de
diciembre de 2019, estando en Punta Arenas la aeronave Hércules KC-130,
número 990 “Corvo”, nombre distintivo asignado por la FACh, los oficiales Ojeda
Puig, Mella Bertetti y Asenjo Contreras, no habrían tomado  las medidas
necesarias para corregir la práctica irregular de asistencia alternada a las
misiones, de un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica
(Comunicación/Navegación) y de un especialista Electro Electrónico Aéreo función
Instrumentos, y no habrían llevado al especialista en esta última función y con ello
infringieron procedimientos establecidos en manuales y reglamentos.
Ello habría provocado que, ante una falla de instrumentos de la aeronave, se
efectuara una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de
combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto
voltaje en los mismos, generando con ello, un colapso durante el vuelo de la
aeronave Hércules KC-130 N°990, que habría provocado presuntamente su
abrupto desplome en el Mar de Drake, luego de reportar su última posición a las
18:13 HL.
Asimismo, el ex general (r) Mosqueira Cruz no habría implementado un sistema de
gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la
ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción. Por lo anterior, el incumplimiento
de normativas reglamentarias habría generado un aumento del riesgo permitido,
ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la
aeronave no habría despegado de la IV Brigada Aérea, evitando con ello la muerte
de los 38 tripulantes y pasajeros del Hércules KC-130 N°990, indica la
formalización de la investigación del Ministerio Público en contra de los cuatro
imputados.