Un científico fue denunciado como autor de violación contra una colega en el Continente Antártico en un delito ocurrido hace años y donde el imputado debió ser detenido luego de no presentarse a una audiencia judicial con anterioridad.
La fiscalía formalizó el delito de violación y aplicó medidas cautelares contra el victimario, quién quedó en Libertad pese a la gravedad del delito.
Es el primer delito de esta magnitud en el continente blanco y que ocurrió cuando un biólogo chileno atacó a una científica europea en una carpa durante la campaña antártica y quien hizo la denuncia una vez que llegó a su país de origen.
Recordemos que jueza de Cabo de Hornos aplica medidas cautelares según lo que le pidan las partes.
Según el ente persecutor, el 29 de febrero del 2019, la víctima se encontraba junto al imputado y otros dos científicos llevando a cabo una investigación en territorio antártico chileno, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur,
Víctima y victimario, que ya se conocían de una expedición previa, compartieron carpa en el campamento base y, en ese contexto, el imputado se habría aprovechado de la soledad e inhóspito del lugar para perpetrar la violación en su contra.
Tras ello, la víctima calló lo acontecido y una vez finalizada la expedición y de regreso en Santiago, se sumió en una depresión que la invalidó laboralmente, según indica la evaluación del siquiatra que la atendió.
COORDINADORA FEMINISTA.
Durante la tarde se pronuncio la Coordinadora Feminista en un comunicado de prensa.
Desde la Coordinadora Feminista Punta Arenas, expresamos nuestra más profunda solidaridad con la mujer que, después de años de silencio, ha decidido denunciar un caso de violencia sexual ocurrido en territorio antártico chileno. Reconocemos el enorme valor que implica dar este paso y reivindicamos el derecho de todas las víctimas a denunciar en el momento en que se sientan preparadas, sin que se les cuestione por el tiempo transcurrido.
Este caso expone una vez más la ausencia del Estado en la implementación de programas de prevención y protección para las víctimas de violencia en zonas extremas como la Provincia Antártica. La falta de casas de acogida, la inexistente oferta de servicios del Sernameg y la ausencia de recursos para apoyo psicosocial son claros indicadores de un Estado que no está cumpliendo con su deber de proteger a las mujeres.
Resulta alarmante que en un contexto tan vulnerable como la Antártica, no existan políticas específicas para abordar casos de violencia machista. ¿Acaso se pensaba que la Antártica era un continente inmune a la violencia, un lugar de «paz y amor» donde estos crímenes no podrían ocurrir? La realidad demuestra que la violencia patriarcal puede manifestarse en cualquier lugar, y la falta de preparación del Estado para enfrentarla en territorios remotos es inaceptable.
Es inaceptable también que mientras las víctimas enfrentan un sistema que las deja desprotegidas, personajes con condenas ejecutoriadas por maltrato laboral contra una trabajadora, como el alcalde de Cabo de Hornos que va por la reelección respaldado por el oficialismo, sigan en posiciones de poder sin ser cuestionados. Esta es una muestra más de la falta de coherencia en la política pública sobre derechos humanos y la protección de las mujeres.
Además, es urgente cuestionar la carencia de apoyo psicosocial que obliga a muchas víctimas a abandonar la isla, dejando atrás sus vidas en busca de un entorno donde puedan encontrar la ayuda que necesitan. Esta falta de recursos no solo revictimiza a quienes ya han sufrido, sino que perpetúa el ciclo de violencia y abandono.
Sabemos que la cobertura mediática sobre este caso será intensa y probablemente de alcance nacional. Por eso, hacemos un llamado a todos los medios de comunicación para que traten el tema con la máxima responsabilidad, respetando la privacidad y dignidad de la víctima.
La Coordinadora Feminista Punta Arenas seguirá denunciando la falta de acción del Estado y demandando que se tomen medidas concretas para garantizar la protección de las comunidades y el derecho a vivir una vida libre de violencias.
#Hartas