El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó hoy –viernes 31 de mayo– sujeto a
las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a Cristián
Gonzalo Muñoz Pérez, imputado por el Ministerio Público como autor de los
delitos consumados de cohecho y revelación de secreto, ilícitos perpetrados en
2022, mientras se desempeñaba como fiscal jefe de Puerto Natales. Además, fijó
en 90 días el plazo de investigación.
En la audiencia de formalización (causa rol 130-2024), la defensa del imputado
solicitó la recusación del juez Juan Sebastián Villa Martínez, por considerar que
había tomado conocimiento de la causa como ministro suplente de la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas, en la sala que vio la admisibilidad de la querella de
capítulos (causa rol corte 283-2023), deducida en contra el exfiscal. El magistrado
Villa acogió la petición y se declaró recusado. La audiencia de formalización
prosiguió, luego de un receso, con la magistrada Mónica Mancilla Barría.
Magistrada que no dio lugar a la petición de prisión preventiva solicitada por el
Ministerio Público al considerar que no existen procesos pendientes contra el
imputado, no concurren circunstancias agravantes y sí la atenuante de la
irreprochable conducta anterior.
“Estos antecedentes hacen pensar al tribunal que la pena a la que se expone el
imputado se encuentra dentro del margen de simple delito y no de crimen y en ese
sentido no resulta indispensable la medida cautelar de prisión preventiva. El
tribunal considera que se ajusta de mejor forma a la situación particular del
imputado y a los antecedentes de la investigación la medida cautelar de arresto
domiciliario total”, más la medida cautelar de arraigo nacional”, razonó la jueza.
Según el ente persecutor, durante 2022, abusando de su cargo como fiscal jefe de
Puerto Natales, Muñoz Pérez aceptó recibir un vehículo a cambio de ejecutar
actos en favor de un tercero, consistentes en el cobro de un pagaré y, además,
instar por la recuperación en dinero, de una retroexcavadora.
Asimismo, el expersecutor, con infracción a deberes de reserva y confidencialidad
propios del cargo y función, el 5 de diciembre de 2022 envió a un blanco de interés
investigativo un mensaje de Whatsapp con el texto: “Vale, pero mañana la tengo
difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de PUQ acá”, con lo cual
divulgó información reservada sobre una investigación por el delito de drogas.