FISCALIA Y PARLAMENTO VAN CONTRA RESPONSABLES DE ENTREGA DE PENSIONES DE GRACIAS A DELINCUENTES

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La Fiscalía anunció la creación de un grupo especial para iniciar la investigación sobre posibles irregularidades en las pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

El fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, sostuvo que «hemos mantenido reuniones con los equipos de Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada Anticorrupción. He decidido designar dos fiscales de apoyo para esta investigación, con especialidad en delitos funcionarios y corrupción, y en delitos económicos indistintamente, de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel».

«Además, he solicitado a la Policía de Investigaciones la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para la investigación y la realización de determinadas diligencias», añadió.

Tras una revisión de los casos, el Ejecutivo anunció que al menos 25 de estos beneficios serán revocados, luego que se comprobara que algunos de los involucrados tenían antecedentes por delitos graves y que no se presentaron informes médicos a la hora de otorgar las pensiones.

El fiscal nacional Ángel Valencia había apuntado que eventualmente se podría investigar los delitos de fraude de subvenciones y prevaricación.

COMISIÓN INVESTIGADORA 2.0

Desde el Parlamento, el diputado Henry Leal (UDI), expresidente de la comisión investigadora del caso, anunció que «ya tenemos el compromiso de toda la oposición para conformar una nueva comisión investigadora 2.0 y seguir profundizando en materia de pensiones de gracia».

«El informe de Contraloría y los nuevos audios que se han ido revelando dejan más dudas que certezas, y por eso creemos que es fundamental atar muchas cosas que están sueltas. No es casualidad que se hayan entregado estas pensiones de gracia porque sí. Hubo una planificación, hubo personas que recomendaban a algunos (beneficiarios), y eso se tiene que aclarar en profundidad», subrayó el gremialista.

La derecha dice que buscará citar a las autoridades de Interior y al Instituto Nacional de Derechos Humanos a esa instancia.