La importancia de regular los procedimientos de la Seguridad Municipal dentro de la normativa legal vigente, los límites en su accionar y la protección jurídica a los funcionarios (as), abordó un reciente diálogo de seguridad ciudadana, el cual se desarrolló en dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería, donde se resolvieron dudas a través del análisis de casos específicos que se expusieron. Dicha instancia, surge en el marco del trabajo de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal y fue liderada por la Seremi de Justicia y DD.HH, Michelle Peutat Alvarado, en virtud de una solicitud recibida por parte de Seguridad Municipal de la Municipalidad de Punta Arenas, referida a conocer la opinión de expertos (as) penales a nivel regional sobre los límites de las detenciones en flagrancia más conocidas como “detenciones ciudadanas”.
Así las cosas, el objetivo de la actividad fue conocer y profundizar las atribuciones y los límites que establece la ley en torno a sus funciones, entendiendo que hay situaciones que eventualmente pueden acarrear la declaración de la detención como ilegal afectando la persecución penal de algunos delitos e, incluso, pueden acarrear responsabilidades penales para los y las funcionarias de Seguridad Municipal.
Para ello, se contó con la presencia de la Coordinadora de Seguridad Pública de Magallanes, Carla Barrientos; el magistrado Julio Álvarez del Tribunal Oral en lo Penal; el mayor Francisco Arévalo, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas; Rodrigo Lillo, Jefe de Estudios de la Defensoría Regional; Romina Moscoso, Fiscala del Ministerio Público; y Hans Monroy, asesor jurídico de la PDI.
Al respecto, la Seremi Michelle Peutat manifestó que la problemática de seguridad no se puede abordar de manera aislada respecto a la persecución y la detención, sino que requiere de un trabajo interinstitucional con el Poder Judicial y todos los intervinientes del proceso penal.
Es importante identificar qué pasa después de la detención, durante el proceso penal, pues toda detención que no se ajuste a los marcos jurídicos, puede ser declarada ilegal, al respecto declara: “El objetivo del diálogo en torno a la seguridad de la ciudadanía no puede agotarse en la detención, sino que debe buscar disminuir las tasas de delincuencia. Y para esa tarea son necesarias diversas instituciones, hay un proceso penal que debe ajustarse a las garantías del debido proceso y que finalice con una sentencia que permita satisfacer el derecho de acceso a la
justicia por parte de la comunidad. Incluso luego de la sentencia el problema debe ser tratado, en el periodo de ejecución de la sanción penal, donde Gendarmería cumple un rol clave en materia de seguridad penitenciaria y reinserción social. Entender esta problemática de manera sistemática e interinstitucional puede entregarnos mejores diagnósticos y soluciones para un problema hoy tan sentido por la ciudadanía”.
Como una reunión bastante provechosa, calificó esta instancia el Director de Seguridad Pública del municipio, Alejandro Tobar, al permitirles ampliar su perspectiva en torno a su accionar.