Molestia es lo que siente la Asociación de Industriales de Tierra de Fuego y Navarino que representa a 9 empresas compuesta por diversos rubros, como el pesquero, forestal, textil y ganadero que genera cerca de 1.000 empleos directos e indirectos, esto porque llevan más de un año solicitando al gobierno el pago de una bonificación establecida en la Ley 18.392, publicada el 14 de enero de 1985, llamada Ley Navarino, concebida con el objeto de fortalecer el poblamiento y desarrollo económico de ciertas zonas extremas y aisladas ubicadas dentro de la Región de Magallanes.
Se trata de un beneficio que cumpliendo toda la tramitación y estando con informe positivo de Sernapesca, no ha sido cancelado a las empresas, encontrándose en algunos casos pendiente desde junio del año 2022.
Al respecto, el diputado Christian Matheson, quien se reunió con representantes de este grupo de empresarios, señaló que es inentendible la “lentitud y desprolijidad del gobierno”, que pone en un complejo escenario a zonas productivas establecidas en Tierra del Fuego.
“Es impresentable que, cumpliendo, las empresas, con todos los requerimientos establecidos, no reciban una bonificación que finalmente es un derecho establecido por ley. Realmente da la impresión que al gobierno se le olvida que la Región de Magallanes incluye también a Tierra del Fuego y Navarino y que estas por su condición geográfica merecen mayor consideración y celeridad en la aplicación de políticas públicas que en gran medida son necesarias para su subsistencia”, explicó Matheson.
“Por esta razón, he oficiado al ministerio de Hacienda del que depende Tesorería, para que explique qué está pasando con el pago de esta bonificación, por qué tanto retraso y dé una solución inmediata a esta situación, para que los puestos de trabajo de una parte importante de Fueguinos no lleguen a estar en peligro”, agregó.
“Aquí, de lo que se trata es de facilitar la gestión acercando el Estado a los ciudadanos, protegiendo además sus puestos de trabajo y con mayor razón si estos ciudadanos están haciendo patria en las zonas más apartadas y/o aisladas de nuestra Región. Por eso es incomprensible que si existe un beneficio otorgado por ley, sujeto a condicionantes claramente establecidas y que en estos casos se han cumplido, no se cancelen las bonificaciones y además transcurra tanto tiempo sin respuesta”, puntualizó el parlamentario.
En tanto, Mario Elgueta, gerente de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, indicó que “hemos planteado a diversas autoridades en Magallanes la preocupación que existe respecto de los retrasos de las bonificaciones, en el marco de la Ley Navarino, en la cual están adscritas mis representadas, por cuanto al ser ésta una ley de fomento dichos recursos es muy importante que las empresas los adquieran de manera expedita, ya que todas ellas cumplen los requisitos legales”.
Además, añadió que “desgraciadamente los procesos y la dilación y demoras en los procedimientos de pago han ocasionado serias dificultades que no debieran ocurrir en los tiempos de hoy entendiendo de que la ley al establecer este fomento, lo que busca es que éstos sean pagados de forma expedita. Esperamos que esto se solucione para no entorpecer el funcionamiento y el desarrollo de las empresas que están instaladas al sur del estrecho de Magallanes”, concluyó el abogado.