Una serie de investigaciones administrativas a diversas reparticiones estatales lleva adelante la Contraloría a contrarreloj en los casos vinculados al traspaso de fondos desde instituciones públicas a fundaciones.
Las investigaciones por estos líos de platas caminan por vías distintas. Por un lado, está el Ministerio Público, cuyas fiscalías regionales indagan los traspasos de fondos en 39 causas a lo largo del país y, por el otro, está Contraloría, entidad que revisa la legalidad de los convenios que autorizaron las transferencias.
Así, tras estallar el escándalo por el convenio entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, Contraloría inició de oficio una serie de indagatorias que ahora se tornaron prioritarias, a fin de evacuar las primeras responsabilidades en las distintas aristas que tiene el caso. De hecho, es el citado convenio entre la Seremi de Vivienda y el organismo ligado a ex personeros de Revolución Democrática el que podría ser el primero en desembocar en resultados.
El organismo dirigido por Jorge Bermúdez dividió en cuatro grandes áreas sus indagatorias, las que buscan determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos para luego definir qué tipo de fiscalización llevar adelante. Las cuatro áreas corresponden a los gobiernos regionales (GORE), el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, los contratos de la Seremi del Minvu de Antofagasta y el Ministerio de las Culturas.
Son 16 los gobiernos regionales que indaga Contraloría, a partir del “freno” que activó a los contratos entre las instituciones públicas y las fundaciones, anunciado a fines de junio. Del total de procesos de toma de razón, 29 fueron declarados ilegales.
Se trata de auditorías que están en pleno desarrollo en Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Rancagua, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Ñuble. A ellas se suman Coquimbo, Magallanes y la Región Metropolitana, donde la Contraloría ya solicitó información.
En paralelo, está recabando los antecedentes de los gobiernos regionales de Tarapacá, Los Ríos y Aysén, para definir el alcance de la fiscalización que se llevará a cabo, la cual, comentan, podría tener serios impactos desde el punto de vista de la legalidad del traspaso de fondos.
De estos, el caso del GORE de Los Lagos es el más complejo. Las transferencias de fondos en esa región despertaron sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición que lidera Patricio Vallespín (ex DC).
En el caso de la segunda área investigada, el Programa de Asentamientos Precarios, esta abarca a todas las regiones del país e involucra a Serviu, varias municipalidades y gobiernos regionales. En rigor, se está fiscalizando por completo dicho programa, como por ejemplo, todas las transferencias entregadas por el Ministerio de Vivienda en esta materia, entre 2021 y 2023.