El Juzgado de Garantía de Porvenir amplió hoy –martes 25 de julio– el plazo de la investigación
abierta en contra de cinco ex ejecutivos de la empresa Nova Austral SA, imputados por el
Ministerio Público y los querellantes Consejo de Defensa del Estado y comunidades indígenas,
como autores de los delitos de fraude de subvenciones y contaminación de aguas. Ilícitos que
habrían perpetrado entre diciembre de 2016 y junio de 2019.
En la audiencia ampliación de plazo (causa rol 150-2020), el juez Pablo Aceituno Romero acogió la
petición formulada por la fiscalía y amplió de la indagatoria en 60 días, por existir diligencias
pendientes, incluida la revisión de un total de 1.419.679 de correos electrónicos y las entrevistas a
los funcionarios fiscalizadores de Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) que realizaron los
informes que originaron las sanciones cursadas por la autoridad administrativa a la empresa.
Según el ente persecutor, el entonces gerente de producción de Nova Austral, Arturo Schofield
Muga, previamente concertado con los coimputados Drago Covacich Mckay, gerente regional,
Nicos Nicolaides Bussiemius, gerente general, y los jefes de área Rigoberto Antonio Garrido
Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, al menos desde diciembre de 2016 y hasta junio de
2019, realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos sobre la siembra,
cultivo, cosecha y mortandad que debían proporcionar a los organismos fiscalizadores, de los
centro de producción de la salmonera.
En dicho contexto, en una reunión realizada en junio de 2017, el imputado Schofield Muga
instruyó para que en los 16 centros de cultivo que la empresa operaba en la costa de la isla
Capitán Aracena, comuna de Punta Arenas y en el Canal Cockburn, comuna de Cabo de Hornos,
respectivamente, se implementara un programa paralelo al sistema de control de producción (Fish
Talk), con el objetivo de entregar a Sernapesca información adulterada de los indicadores para la
evaluación de la condición sanitaria y ambiental de dichas plantas de cultivo.
Información falsa proporcionada por los imputados que permitió que los centros de cultivo de la
empresa obtuvieran una clasificación de bioseguridad alta, cuando los datos reales daban cuenta
que les correspondía asignarle una clasificación de bioseguridad baja dos, lo que habría implicado,
necesariamente, una reducción del 60% de ejemplares a sembrar, impactando en la producción
total de Nova Austral y, consecuencialmente, una la bonificación menor a la solicitada a la
Tesorería General de la República, como parte de la Ley 18.392 (Ley Navarino), que establece un
régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, obteniendo entre febrero de 2017 y junio de 2019, un monto de
$50.398.204.324, solo a título de bonificación del 20% de producción.
Asimismo, desde diciembre de 2016 y hasta junio de 2019, a lo menos, los imputados, en sus roles
de directivos y trabajadores de Nova Austral habrían incurrido en diversas y reiteradas
infracciones a la ley y reglamentos medioambientales, así como la resolución de calificación
ambiental que autorizó la actividad acuícola.