A partir del 2016, se implementaron una serie de modificaciones a la forma en cómo se postula y accede a establecimientos financiados por el Estado. Se trata de la Ley 20.845 (conocida como Ley de Inclusión Escolar), que tiene como objetivo, disminuir la segregación social en la matrícula escolar. Para esto, se diseñó un nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), que funciona como un mecanismo de asignación. A través de una plataforma web los apoderados colocan sus preferencias jerarquizadas y luego estas son compatibilizadas con las vacantes de los establecimientos para poder asignar de la forma más eficiente posible la matrícula. Lo más polémico ocurre cuando hay más demanda que cupos en una escuela, pues ahí se aplica aleatoriedad para otorgar idéntica opción de quedar o no.
El Dr. Mario Garay Aguilar, profesor de Estado, académico e investigador del Departamento de Educación y Humanidades, y también director de Docencia de la Universidad de Magallanes (UMAG), analiza este sistema desde 2017 y, esta semana, compartió parte de las conclusiones a las que ha llegado junto a otros colegas del Departamento sobre la implementación del SAE -que ya lleva cuatro años de implementación- con nuevos estudiantes de Pedagogía y colegas en el marco de seminario reciente llevado a cabo en la UMAG acerca de segregación escolar, el que también contó con la visita del destacado especialista belga en Educación, Dr. Vincent Dupriez.
Al respecto, Garay comenta que las primeras evaluaciones son positivas, ya que indican que más o menos la mitad de los postulantes queda en su primera preferencia y un 75%, queda en una de las tres primeras. Sin embargo, sostiene que su implementación ha generado muchas dudas y tensiones en los principales actores del sistema. “Por un lado, los apoderados sienten ansiedad porque ingresar en un establecimiento determinado ya “no depende de ellos”. Profesores y directivos, por su parte, ahora perciben que arriban estudiantes sin haberles escogido y por ello, con bajo compromiso”, señala.
Frente a ello, el académico afirma que “no obstante, ambos fenómenos, son parte de un problema previo al SAE: la oferta pública que se considera de calidad, es reducida y segregada; por tanto, tiene una alta concentración de demanda en pocos establecimientos”. En ese sentido, una de sus principales conclusiones es que, a pesar de los esfuerzos, la política no ha tenido el impacto deseado y el sistema continúa segregado, es decir, continúan existiendo los establecimientos altamente deseados y aquellos que no convocan el interés de las familias. Añade, entonces, que el primer análisis es que “no ha logrado distribuir equitativamente o a colegios más deseables a los estudiantes más vulnerables”.
Siguiendo esta línea, el educador plantea que “hay que analizar los criterios que tiene el sistema para asignar estudiantes de forma aleatoria a los colegios, porque la mayoría de las vacantes queda en los establecimientos municipales. Por ejemplo, los particulares subvencionados si tienen 10 vacantes, postulan 100. En cambio, en los municipales si hay 100 vacantes, postulan 30. Por eso es que hay un grupo bastante significativo que queda muy descontento con el sistema que es la mayoría de los apoderados que postula a los establecimientos particulares subvencionados y no quedan, entonces ahí se produce la frustración. Y quedan dos opciones: el que tiene recursos, hace un esfuerzo y se va al particular, y el que no que se va al municipal”.